Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, y ciudadanos en general se movilizaron ayer en el Distrito Federal y en diversas ciudades del país, en el primer aniversario del episodio que aún no fue esclarecido y causó un impacto negativo en la imagen del presidente Enrique Peña Nieto.

La movilización inició al mediodía, pero los manifestantes no partieron del exterior de la Residencia Oficial de Los Pinos como habían acordado, porque un cordón policial les impidió el paso. El punto de salida fue el Auditorio Nacional de la capital mexicana. Al grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, los desesperados padres de los estudiantes encabezaban la “Marcha de la Indignación Nacional”, que llegó hasta la emblemática Plaza del Zócalo, llevando fotos de sus hijos y gritando consignas en repudio de la versión oficial sobre este crimen cometido supuestamente por policías coludidos con narcotraficantes.

“La exigencia al Estado mexicano es la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas. “No podemos descansar en nuestra búsqueda”, dijo Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de las víctimas.

El presidente mantuvo el jueves una reunión con los padres en la que anunció que para mejorar la investigación dispuso la creación, dentro de la Procuraduría General, de una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas.

La iniciativa fue rechazada por los padres, en lo que significó una profundización del enfrentamiento entre familiares y el Ejecutivo, que se origina en la diferencia de opiniones acerca de lo que sucedió el 26 de septiembre de 2014, cuando policías municipales atacaron varios ómnibus en la ciudad de Iguala, a unos 200 kilómetros de Ciudad de México, en los que viajaban los estudiantes de Ayotzinapa y un equipo juvenil de fútbol.

Los efectivos mataron a 6 alumnos e hirieron a 25, y entregaron a otros 43 a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes, de acuerdo con la investigación oficial, los mataron y cremaron en un basural del vecino municipio de Cocula porque los confundieron con integrantes de Los Rojos, una banda rival.

Hasta ahora solo se pudo identificar restos de dos estudiantes, uno de ellos con certeza no absoluta, a partir de estudios genéticos realizados en un laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria. Sin embargo, los familiares rechazan esa hipótesis y mantienen la idea de que sus hijos fueron secuestrados por una banda dedicada a la trata de personas.

Al momento hay 111 acusados por el crimen, incluidos el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, señalados como responsables intelectuales de la desaparición de los normalistas, pero no existe ninguna resolución judicial sobre el caso. (I)