Las esperanzas de encontrar vivos a los 43 estudiantes desaparecidos hace dos semanas en México se redujeron más con el descubrimiento de nuevas fosas clandestinas en las inmediaciones de Iguala (sur), donde los jóvenes fueron atacados por policías y sicarios.

Después de una orden del presidente Enrique Peña Nieto de "acelerar" el esclarecimiento del crimen, la Fiscalía General anunció el jueves que cuatro nuevos detenidos dieron pistas sobre estas desapariciones, un crimen que ha generado conmoción y rabia en el país.

Los detenidos nos llevaron "a un lugar donde encontramos cuatro fosas donde ellos dicen que hay restos de los estudiantes", dijo en rueda de prensa el fiscal general, Jesús Murillo Karam, y agregó que aún no se puede precisar cuántos cuerpos hay en estos hoyos pero sí que también están calcinados.

Murillo Karam no identificó a los detenidos pero dijo que no son policías. Por este caso ya hay 34 arrestados, al menos 26 de ellos agentes municipales de Iguala, situada a solo 200 km de Ciudad de México.

Otras fosas clandestinas fueron halladas el pasado fin de semana con 28 cadáveres que todavía no han sido identificados por estar sumamente calcinados, aunque dos sicarios del cártel local Guerreros Unidos detenidos confesaron que allí asesinaron a 17 de los estudiantes.

Sobre los motivos del brutal ataque a los jóvenes, el fiscal señaló que tienen "abiertas varias líneas de investigación" y destacó que hay una "búsqueda ya oficial del presidente municipal (alcalde), de su esposa y del director de Seguridad municipal para que respondan ante los hechos".

Las sospechas sobre la responsabilidad del crimen se dirigieron en los últimos días al alcalde, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, una pareja con nexos con el narcotráfico y que huyó dos días después de los ataques.

Pineda, hermana de dos capos narcotraficantes, fue señalada en un reporte del servicio de inteligencia como quien ordenó al director de Seguridad Pública municipal que reprimiera a los estudiantes, temiendo que interrumpieran un discurso que ella debía dar ese día.

El alcalde en una fiesta

Ante las presiones para que esclarezca el caso, el presidente Peña Nieto reclamó al amplio operativo policial y militar desplegado en Iguala que encuentre pronto a todos los responsables, ya sea "por negligencia o actuación", de un crimen que tachó de "inhumano, prácticamente un acto de barbarie".

Poco después de esta declaración se conoció la captura por policías federales de Vicente Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez y uno de los protagonistas de las pugnas entre narcotraficantes que han causado decenas de miles de muertos en México.

Peña Nieto ha venido dando fuertes golpes a las cúpulas de los cárteles, especialmente con la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado.

Pero en las últimas semanas las fuerzas de seguridad del país han estado en el centro de la polémica.

Además del caso de Iguala, ocho soldados han sido detenidos, y al menos tres de ellos serán acusados de homicidio, por la muerte de 22 presuntos criminales en el marco de un enfrentamiento en Tlatlaya (centro).

Una testigo aseguró a la prensa que militares asesinaron a 21 de ellos a sangre fría después de rendirse.

El caso de Iguala, cuya policía municipal fue relevada en bloque por fuerzas federales, ha vuelto a desnudar la profunda infiltración del narcotráfico.

La Fiscalía de la región de Guerrero acusó al alcalde de Iguala de permanecer en una fiesta en lugar de intentar frenar el ataque de sus policías y sicarios contra los estudiantes, que dejaron seis muertos. En la tarde, el Congreso estatal aprobó por unanimidad retirarle el fuero que lo amparaba.

Las familias de los jóvenes aún guardan esperanzas de que sigan vivos y en manos de otros policías de Iguala que están fugitivos.