Ciudad de México. El sistema judicial mexicano es “cruel y perverso”, sintetiza Luis Ávila Báez, esposo de la líder social Nestora Salgado, presa desde el 21 de agosto de 2013 aunque dos sentencias la han declarado inocente.

La comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá lleva 31 meses encarcelada sin que se comprueben los cargos en su contra. El 30 de marzo de 2014, la justicia federal la exoneró de acusaciones por presunta delincuencia organizada y aun así continuó recluida en el penal de máxima seguridad del estado de Nayarit. De allí fue trasladada al Centro de Readaptación Social de Tepepan, en la capital, y allí sigue encerrada aunque el pasado lunes 7 de marzo de 2016 tres jueces del estado de Guerrero ordenaron su libertad. Al día siguiente del último fallo, cuando se realizaban las gestiones burocráticas para su salida, otro tribunal dictó nuevas órdenes de aprehensión que la mantienen en medio de un laberinto legal.

“Esperaron hasta el viernes por la noche para llevar a mi esposa a rendir declaración, ¿por qué? Porque los juzgados están cerrados en sábado y domingo”, con lo cual se extendió el plazo de resolución, relata Ávila Báez desde Seattle, donde reside la familia de Salgado. Asegura que las autoridades actúan con dolo: “Cuando arrestaron a mi esposa, el 21 de agosto del 2013, la llevaron inmediatamente fuera del estado y la incomunicaron. Antes de que se cumplieran las 72 horas ya le habían dictado auto de formal prisión y ahora que tenemos todas las de ganar, esperan hasta el último minuto para dictarle su auto de formal libertad”.

Los abogados de la comandanta esperan que al cumplirse el nuevo plazo, la mañana de hoy miércoles, la justicia resuelva su liberación. Sin embargo la familia, golpeada por varias desilusiones consecutivas, no descarta que puedan imputarle nuevas acusaciones o recurrir a otros artilugios: “estamos contando las horas pero también somos precavidos”, dice su esposo y alerta que “en México, los jueces son los primeros en violar todas las leyes”.

-¿Qué opina del sistema político y judicial de México, después de estos 31 meses?

-En México no existe la justicia. Mi esposa ha sido juzgada dos veces por el mismo delito y los jueces locales obedecen intereses políticos. A veces tratan de simular que el poder ejecutivo y el legislativo no tienen nada que ver, (dicen) que son órganos independientes, pero es una farsa, una mentira.

Caso ejemplar

Nestora Salgado García, de 44 años, nació en Olinalá, estado de Guerrero, una de las zonas más pobres de México. A sus 19 años emigró a Estados Unidos junto a su entonces marido, de quien se divorció después porque la maltrataba. En el país vecino trabajó en cuanto lugar pudo para mantener a sus tres hijas y logró obtener la ciudadanía estadounidense.

Con una situación personal más cómoda, cada año regresaba su pueblo natal donde entregaba comida, ropa y regalos a las familias más pobres. En 2013, cuando la violencia ligada al narcotráfico asolaba a esa región, Nestora decidió extender su estancia para sumarse a los reclamos de la ciudadanía. Surgió entonces la policía comunitaria de Olinalá y, debido a su liderazgo, los vecinos la eligieron comandante del grupo que se integró a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que tiene 20 años de existencia y está reconocida por las leyes de Guerrero.

Cuando los delitos se reducían y la policía comunitaria ganaba confianza en la región, la comandanta y otros dos líderes de la CRAC –Gonzalo Molina y Arturo Campos- fueron arrestados en medio de vistosos operativos por tierra y aire.

“Nestora no está en prisión por haber cometido algún delito sino por la colusión que existe en México entre el gobierno y el crimen organizado –advierte su esposo-. Es obvio que ella interfirió en ese negocio”.

Los abogados de la líder social han denunciado que no se ha respetado su derecho al debido proceso; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para ella; y la Organización de Naciones Unidas urgió a las autoridades a liberarla por ser víctima de “detención arbitraria”.

Por ella han reclamado activistas e intelectuales como la escritora Elena Poniatowska y la antropóloga Marta Lamas. Para Luis Ávila Báez no cabe duda de que su esposa es una presa política. Con su caso, dice, “el gobierno mexicano ha tratado de mandar un mensaje: si te organizas, si eres activista o luchador social, esto es lo que te puede ocurrir. Sabemos que esto ha ocurrido con cientos de activistas, este es el proceso que siguen en contra de los luchadores sociales. En México te pueden suceder tres cosas: te compramos, te encarcelamos o te matamos”. (I)