Consentir a los muertos y demostrarles cuánto se los extraña, ese es el deseo. En México, los días 1 y 2 de noviembre, la flor de cempasúchil tapiza de color naranja los panteones donde también hay velas y hasta serenatas alrededor de las tumbas.

Pero este año la tradición tiene un nuevo elemento: fotos de los 43 estudiantes normalistas detenidos y desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Miles de mexicanos han incluido los retratos de los muchachos en esta costumbre tan íntima y emotiva. No porque los consideren muertos, los suman para pedir por ellos. “Vivos los llevaron, vivos los queremos”; “¡Regrésenlos!”, “Aparición con vida”; dicen los carteles que acompañan a las imágenes.

Doña María Elena, por ejemplo, decidió forrar 43 velas con los rostros de los futuros maestros rurales. Son un elemento central en el altar que montó como encargada de una escuela de natación para niños en Coyoacán, en Ciudad de México.

Aquí las manifestaciones siguen y se multiplican con las más diversas formas. “#FueElEstado” es la consigna principal que nadie había puesto en cuestión hasta que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, encendió la mecha de la polémica.

“Es un asunto del estado de Guerrero, el alcalde es de Iguala e Iguala está en Guerrero. El señor alcalde es el principal responsable. Yo no sé por qué tenemos que estar buscando cosas donde no existen, es increíble que se puedan hacer esos comentarios y preguntas”, dijo el rector de la UNAM en su esfuerzo por desvincular al Gobierno mexicano. También derrochó halagos hacia las gestiones del presidente Enrique Peña Nieto.

Crimen de lesa humanidad

“Que es un crimen de Estado no lo digo solo yo, lo ha admitido el procurador. (Jesús Murillo Karam) admitió que la policía entregó a jóvenes a la delincuencia organizada. Y no es la primera vez, esto sucedió en San Fernando, Tamaulipas”. Lo dice Edgardo Buscaglia, considerado uno de los principales expertos en materia de seguridad en el continente americano.

“Sí es un crimen de Estado”, insiste durante una breve estancia en México, escala después de pasar por el Líbano y seguir hacia quién sabe donde, porque recorre el mundo investigando y asesorando.
En ese paréntesis dialoga con ELTELÉGRAFO y explica que el Gobierno mexicano debería ser sometido “al mismo derecho que se le aplicó a la junta militar argentina o a cualquier otro genocida que ande dando vueltas por el planeta”.

“Hay decenas de miles de desaparecidos en este país, decenas de miles de desapariciones forzadas como las que ocurrían en Argentina y Chile pero con la diferencia de que no hay una junta militar centralizando el terrorismo de Estado. En México es aún peor, tenés una descentralización, una atomización del terrorismo de Estado donde cada alcalde es como una pequeña junta militar argentina, donde las desapariciones son por razones ideológicas, políticas, que definen a un crimen de lesas humanidad”.

Y con Ayotzinapa, dice, la motivación política resulta evidente. “Desde 2011 hubo asesinatos de estudiantes de la misma escuela rural (Raúl Isidro Burgos) debido a su activismo social y político”.

Buscaglia reside en EE.UU., es investigador en la Universidad de Columbia. Pero alterna la tonada porteña con expresiones mexicanas porque en años recientes ha pasado mucho tiempo aquí.

Ahora denuncia que el gobierno busca un “chivo expiatorio” en el alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Si se le hiciera un mapa patrimonial, dice, “te vas a encontrar con grandes sorpresas” por sus vínculos políticos. Un caso similar a otros estudiados previamente porque, según sus investigaciones, el 63% de los municipios mexicanos ha estado infiltrado abiertamente por la delincuencia organizada desde 2008.

-¿Se puede hablar de narcoestado?
- Es mucho peor que eso. México es un país importador y exportador de seres humanos que son comprados y vendidos en un mercado de esclavitud. Es uno de los diez países que agregan más seres humanos importados y exportados. Esto no es un narcoestado, esto se ha transformado en una mafiocracia, que es peor.

Complicidad internacional

Buscaglia cita otros casos recientes en la historia de México y lamenta que “todas esas tragedias ocurren hace años”.

“Muchas veces pasan desapercibidas en el resto del mundo porque el Gobierno mexicano, a través de sus embajadas y consulados, pone cientos de millones de dólares al año, pagándole a empresas de relaciones públicas para tapar las malas noticias porque tienen miedo de que esas noticias sobre inseguridad comiencen a bloquear los enormes flujos de dinero que vienen hacia México a sectores políticamente protegidos, oligopolios”.

Así explica el que no exista ninguna condena de otro país tras el asesinato de seis personas y la desaparición forzada de otras 43 en una misma noche en Iguala.

“Demuestra que el dinero compra conciencias en el mundo y Europa es un caso”. También Naciones Unidas “más preocupada por mantener sus sofisticadas oficinas y los altos niveles de vida de sus funcionarios en lugar de estar poniendo el dedo en la llaga”, indica.

De Estados Unidos critica el “doble estándar” porque tampoco ha intervenido cuando “lo ha hecho en muchos países. A Venezuela ha denunciado por mucho menos de esto”.

“No existe una estrategia de seguridad y (en) los 17 días que transcurrieron entre la tragedia y la reacción del presidente, sus asesores de relaciones públicas se la pasaron elucubrando cómo se podía sacar esta ‘papa caliente’ de encima. Así  llamaban a un crimen de lesa humanidad, ‘papa caliente’”.