México y otros 15 países de América Latina se han sumado al Gobierno de EE.UU. en su rechazo a una ley aprobada en Alabama contra los inmigrantes indocumentados, informó este viernes el diario "Montgomery Advertiser".

Las 16 naciones, representadas por el abogado Edward Still en Birmingham (Alabama), presentaron un documento de rechazo a la ley H.B.56, promulgada el pasado 9 de junio y que convierte en delito la presencia ilegal en ese estado sureño.

También los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se sumaron a la moción presentada por México el miércoles, confirmó la cancillería mexicana.

Haciéndose eco de la postura del Gobierno de EE.UU., Still dijo al diario que estas naciones "quieren una sola ley de inmigración, no 50", en referencia a los 50 estados del país.

El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una demanda esta semana en contra de la H.B.56 porque considera que sólo el Gobierno federal tiene potestad para hacer cumplir las leyes de inmigración.

En el documento presentado el miércoles ante un tribunal federal en Birmingham (Alabama), México expresa su interés "en la protección de sus ciudadanos y en asegurar que no se utilice su origen étnico como base de actos de prejuicio y discriminación por parte del Estado".

La H.B.56, que promulgó el gobernador republicano Robert Bentley, se inspira en la SB1070 de Arizona, que también busca estrechar el cerco contra los inmigrantes indocumentados.

Pero, al igual que en el caso contra la SB1070, grupos cívicos y religiosos han entablado sendas demandas para impugnar la constitucionalidad de la ley y frenar su puesta en marcha el próximo 1 de septiembre.

México y otros países latinoamericanos también presentaron en su momento documentos de rechazo a la puesta en marcha de la SB1070, cuyas disposiciones más polémicas permanecen bloqueadas por un tribunal federal.

El miércoles, la juez federal Sharon Blackburn decidió consolidar en un mismo caso las tres demandas entabladas por el Departamento de Justicia y grupos cívicos y religiosos para frenar la H.B.56.

Blackburn prevé decidir si suspende o no la H.B.56 en una vista del próximo 24 de agosto.

La ley H.B.56 penaliza a quienes les ofrezcan transporte, albergue o cualquier otro tipo de ayuda.

También permite que la Policía, al detener a una persona por una infracción de tránsito, le pida prueba de residencia legal si sospecha que vive en Alabama de forma ilegal.

Además, exige que las empresas participen en el programa federal "E-Verify" para verificar el estatus migratorio de sus empleados y pide que las escuelas públicas también comprueben el estatus legal de los alumnos.

Alabama es el quinto estado de EE.UU. en adoptar leyes para combatir la inmigración ilegal, ante la ausencia de una reforma migratoria que permita la legalización de los once millones de inmigrantes indocumentados en el país.