El Gobierno mexicano lamentó este jueves la promulgación en Alabama (sur de Estados Unidos) de la ley HB 56, "que criminaliza la migración y abre espacios para la posible aplicación indebida de la legislación por parte de autoridades locales".

En un comunicado, la cancillería asegura que a partir de ahora, "tomando en cuenta los precedentes legales sentados" por cortes estadounidenses sobre la ley SB1070 de Arizona y con la HB497 de Utah, ambas restrictivas con los migrantes, "se utilizarán todos los recursos disponibles para defender los derechos y la dignidad de los mexicanos en Alabama".

La ley HB 56 (Beason-Hammon Alabama Taxpayer and Citizen Protection Act), promulgada este jueves  y que entrará en vigor en su mayor parte el 1 de septiembre próximo, "afecta potencialmente los derechos humanos y civiles de los mexicanos que habitan o visitan" Alabama, destacó.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó que al aprobar la nueva ley el pasado 2 de junio "los legisladores que votaron a favor del texto y el Ejecutivo estatal ignoraron las numerosas contribuciones de la comunidad inmigrante a la economía y la sociedad de ese estado".

La ley fue aprobada por un margen de 25-7 por el Senado estatal días después de que lo hiciera la Cámara de Representantes por amplia mayoría y hoy fue firmada por el gobernador Robert Bentley.

Ambas cámaras de la legislatura estatal quedaron bajo control de los republicanos en noviembre de 2010 por primera vez en 136 años.

Pese a su posición crítica, el Gobierno mexicano reconoce en el comunicado "el derecho soberano de todos los países a decidir las leyes que deban aplicarse en su territorio".

Además, reitera "su compromiso indeclinable de brindar la asistencia y protección que requieran los mexicanos para garantizar el debido respeto a sus derechos".

La SRE anuncia que ya ha abierto un proceso de "análisis jurídico para determinar posibles acciones en apoyo a mexicanos que pudieran verse afectados", así como "una estrategia de protección preventiva para mantener debidamente informada a la población mexicana" residente en Alabama.

Ello a través de la página electrónica del Consulado General de México en Atlanta, mediante los consulados móviles y con el apoyo de organizaciones civiles "dedicadas a la promoción de los derechos civiles y humanos de los migrantes".

Tras la aprobación de esta ley en Alabama, la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU) anunció que presentará una demanda para frenarla, al considerarla incluso "más estricta" que la SB1070 de Arizona, que criminaliza a los indocumentados.

Según la ACLU, la ley respalda "las prácticas discriminatorias e inconstitucionales de la policía, los dueños de edificios y empleadores", porque permite la discriminación de los latinos por su aspecto físico o acento.

La ley permite a la Policía del estado detener a una persona bajo sospecha de que se encuentra indocumentada en EE.UU., penaliza a quienes transporten a un indocumentado y exige a las empresas verificar el estatus migratorio de sus empleados, entre otros.

La medida también exige a las escuelas a públicas del estado determinar el estatus migratorio de los estudiantes y niega el acceso a educación superior a inmigrantes indocumentados.