En abril de 2011, con el descubrimiento de cementerios clandestinos en la ciudad mexicana de Durango, Carmelita pensó que podía, al menos, recuperar el cuerpo de su nieto, desaparecido en 2007.

Alberto, de 18 años, fue detenido con otras tres personas, por hombres armados y cubiertos por capuchas, en una vivienda al sur de la ciudad, el 14 de mayo de 2007.

“Ese día comenzó mi calvario. Recuerdo que la última vez que hablamos me dijo: Ahorita vengo madre, no me tardo”, relató la mujer, de 56 años, al diario El Universal.

Para Carmelina, estos últimos años han sido de desesperación. Nunca se pidió un rescate por Alberto y lo único que quiere es encontrarlo vivo o muerto. “Él era mi muchacho, lo críe desde que tenía un año de edad, desde que mi hija se fue para Ciudad Juárez”, comentó.

La abuela recordó que cuando se enteró del hallazgo de fosas clandestinas acudió a la torre de la Fiscalía del Estado, para ver la posibilidad de que entre los cuerpos estuviera el de su nieto.

“Era un día antes de que se cumplieran cuatro años de que se lo llevaron, era 13 de mayo de 2011. Sin embargo, me dijeron que únicamente podían realizarle pruebas de ADN a su madre biológica y su hermana, pero ninguna de las dos se encontraba en el municipio de Durango”.

La mujer recordó que el número de cuerpos encontrados en diferentes puntos de la ciudad llegó a 188. “Ya no había cupo en la morgue y comenzaron a depositarlos en un camión de refrigeración estacionado frente a las oficinas del Semefo”.

“Mi hija pudo venir en junio y le hicieron las pruebas, pero nunca nos dijeron si entre los muertitos estaba mi nieto. Creo que ni investigaron bien por el amontonadero de muertitos que había. Ya pasaron ocho años y sigo pidiendo a las autoridades que se hable con la verdad y saber dónde está”, dijo Carmelita, mientras las lágrimas corrían por su rostro.

Una estrategia fallida

En 2011 durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), como consecuencia de la nueva estrategia que el gobierno emprendió contra el crimen organizado, todos los días un nuevo reporte de desaparición salía a la luz, pero nadie tenía la cifra final.
De acuerdo a la última actualización del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en el sexenio de Calderón 26.121 personas desaparecieron en el país.

Mientras que el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) cerró con más de 37.435, lo que implica un alza de 43%, es decir, 11.314 casos adicionales, recogió el diario local Milenio.

Pero las cifras reconocidas por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador hablan de más de 40.000 desaparecidos, 1.100 fosas clandestinas y 26.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses.

El pasado 4 de febrero López presentó el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, con la promesa de abordar de manera integral la desaparición de personas.

A pesar del avance que significó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en vigor desde enero de 2018, organizaciones de familiares de las víctimas expresaron su molestia porque esta normativa no se aplicaba.

Por ello este nuevo plan reanima la esperanza de que el país deje de ser una “gran fosa clandestina”, señaló Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Las cifras actuales muestran un panorama poco alentador. En 12 años México tuvo casi la mitad de personas desaparecidas, que Colombia en 60 años.

En este lapso Colombia registró 83.000 casos de desaparición forzada. Y con la agravante de que este país vive un conflicto armado.

La población joven es la que tiene mayor riesgo. Cinco de cada 10 desaparecidos tienen entre 11 y 30 años. Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua son las principales zonas donde la gente se esfuma sin dejar rastro. El 50% de las personas fue vista por última vez en alguno de los mencionados lugares. (I)