El Senado mexicano aprobó la creación del llamado Sistema Nacional Anticorrupción, una reforma que dejaría intactos los privilegios del presidente de la República en esa materia.

Aunque algunos legisladores exigían nuevas regulaciones sobre el fuero del máximo mandatario del país, finalmente la iniciativa avanzó sin ese punto debido a la correlación de fuerzas favorables al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), adelantó a EL TELÉGRAFO el senador Alejandro Encinas.

El proyecto anticorrupción prevé cambios en 14 artículos constitucionales, pero deja intacto el número 108 que establece la inmunidad casi absoluta del presidente, quien “durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, sin posibilidad de imputarle por cargos como violaciones a la Constitución, a leyes federales y manejo indebido de recursos.

La reforma se aprobó luego de que la oposición pactó con el PRI y lograron que no se toque el fuero al presidente Peña Nieto.

Esta resolución no resulta menor en tiempos de escándalos por presunta corrupción que involucran al actual presidente, Enrique Peña Nieto, y a 2 altos funcionarios de su gobierno, los secretarios de Gobernación y Hacienda, Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray.

Todos ellos son poseedores de onerosas propiedades construidas por el grupo Higa, corporativo que ha sido beneficiado con importantes obras públicas.

La reforma aprobada cuenta con el aval del sector empresarial y de algunas organizaciones no gubernamentales pero es cuestionada por expertos como la doctora Irma Eréndira Sandoval, quien la considera “cosmética”.

Es apenas un parche aparente para un país que vive “una crisis humanitaria y política”, considera  la especialista, coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y poseedora de un extenso curriculum en importantes universidades como Harvard y La Sorbona.

Sandoval opina que una reforma de fondo es necesaria más no viable porque en México “los tres poderes de la Unión, los órganos autónomos, las cámaras de Diputados y de Senadores están fuertemente coludidos para blindar una situación de corrupción estructural y opacidad política.

“Es imperiosa la necesidad de incorporar sanciones al presidente de la República. Sin embargo, para hacerlo realidad se debe empujar y exigir lo que hoy es imposible: incluir y reglamentar la revocación de mandato más que contentarnos con migajas reformistas”, enfatizó.

Ante iniciativas como la que hoy se discute, señala Sandoval, el error de “organizaciones no gubernamentales y redes pro-sociedad ha sido colaborar con gobiernos de cariz reformista y acciones cosméticas sin entender que estos temas tienen una naturaleza profundamente política y de confrontación con el poder”.

La académica advierte que frecuentemente se define a la corrupción “de forma reduccionista, como un mero sinónimo de soborno o extorsión” cuando su objetivo final “no siempre radica en obtener un beneficio pecuniario sino también y de forma creciente, en acumular poder y privilegios de forma legítima. La corrupción estructural es una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos necesarios para el bienestar social y el desarrollo de los derechos fundamentales”.

Así, dice, uno de los más recientes y “terribles ejemplos de corrupción” ha sido la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Para Irma Eréndira Sandoval, el caso “ilumina de cuerpo entero la dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad, la expropiación del bienestar social y la cancelación de los derechos fundamentales. El doloroso episodio constituye uno de los más claros indicadores de la profunda ineficacia de las instituciones públicas en nuestro país y la insostenible tasa de impunidad que impera en él”. (I)