La Procuraduría del estado de Nueva León presentó este martes a los cinco detenidos por el incendio de un casino  en la ciudad de Monterrey, donde murieron 52 personas.

Los sospechosos, que serán arraigados (detenidos provisionalmente), vestidos con un chaleco rojo con la leyenda "detenido", posaron ante las cámaras frente a seis vehículos que de acuerdo con los vídeos de seguridad del casino fueron los usados para perpetrar el atentado que las autoridades atribuyen al grupo criminal Los Zetas.

El procurador Adrián de la Garza dijo que al menos doce personas estuvieron implicadas en el ataque, y que en las imágenes de las cámaras de seguridad del casino, situado en un lugar muy concurrido, se pueden ver "otros cómplices" que las autoridades no habían detectado en los primeros análisis de los vídeos.

Las declaraciones de los cinco detenidos apuntan a que el atentado fue ordenado por los Zetas presuntamente por incumplir un cobro o extorsión de los dueños del casino. Los aprehendidos han afirmado que no planeaban matar a nadie, sino amedentrar a los dueños del negocio.

Adrián de la Garza señaló que la Fiscalía a su cargo pedirá la pena máxima por homicidio. Añadió que cuenta con información para buscar a los siete implicados que permanecen prófugos.

Por su parte, el subprocurador regional de control de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal), José Cuitláhuac Salinas, que encabeza las investigaciones por parte del Gobierno federal, explicó que las autoridades han pedido ayuda a Interpol para ubicar a Raúl Rocha Cantú, el propietario del casino.

Los investigadores tienen la certeza de que un piloto, que ya declaró ante las autoridades, sacó del país en un vuelo privado a Rocha Cantú, a quien las autoridades buscan para que ofrezca su declaración.

Monterrey, la tercera ciudad más importante de México, se encuentra inmersa en una escalada de violencia desde 2010 por las disputas entre los cárteles del Golfo y sus antiguos aliados los Zetas, que se disputan las actividades criminales.

El gobierno de Felipe Calderón lanzó una ofensiva militarizada desde diciembre de 2006 contra el narcotráfico. Desde entonces, más de 41.000 personas murieron a consecuencia de los enfrentamientos entre miembros de los carteles de la droga, en choques con las fuerzas del estado y víctimas colaterales.