El Gobierno mexicano promulgó hoy oficialmente la nueva Ley de Migración aprobada en el Congreso y que espera frenar la indefensión que sufren los indocumentados a su paso por el país.

El presidente Felipe Calderón aseguró en un acto público celebrado en la residencia oficial de Los Pinos que la ley "corrige lo que está funcionando mal" y "privilegia el respeto y la protección de los derechos humanos".

A este respecto, fija la obligatoriedad de los tres niveles de Gobierno (federal, estatal, municipal) de coordinarse y combatir la corrupción entre los agentes migratorios con controles de confianza.

El mandatario destacó la existencia de sanciones contempladas para aquellos responsables migratorios que violen los derechos de los migrantes y la eliminación de disposiciones que propiciaban "la corrupción de los servidores públicos y la extorsión".

La nueva regulación, de acuerdo con Calderón, "deroga completamente la criminalización del fenómeno migratorio en el país", al eliminar las penas de cárcel para aquellos migrantes expulsados que reincidieran. Todo ello "para ordenar los flujos migratorios", apuntó.

México -con unos seis millones de ciudadanos en EE.UU. en situación migratoria irregular- es atravesado cada año por al menos trescientos mil indocumentados, en su mayoría centroamericanos. Una cuarta parte de este número es interceptada y deportada.

En los últimos años, el riesgo al que se exponían en su periplo debido a la acción de los carteles de la droga y a la corrupción de las autoridades aumentó de forma considerable.

De hecho, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 18.000 migrantes fueron secuestrados en 2009.

La localización en agosto pasado de 72 indocumentados muertos, asesinados por el cartel de Los Zetas, disparó la presión en torno a México.

Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como diversas plataformas sociales -nacionales e internacionales-, además de varios Gobiernos de Centroamérica, han exigido a México una mayor vigilancia de los derechos humanos de los migrantes a su paso por el país.

Aunque el Ejecutivo puso en marcha una estrategia de protección a finales del año pasado, la violencia en contra de los migrantes no se ha detenido, si bien unos 200 trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM) han sido separados de sus puestos, de los cuales cuarenta ya enfrentan un proceso penal.