Por unanimidad, los quince miembros del Consejo adoptaron un texto impulsado por Francia, que refuerza las normas internacionales ya existentes en este ámbito.

La resolución establece que todos los países tienen que disponer de leyes nacionales que castiguen con severidad a quienes financien a organizaciones terroristas o recolecten fondos para ellas.

Además, llama los Gobiernos a mejorar su supervisión de los flujos financieros, a investigar y perseguir de manera más eficaz los pagos a grupos terroristas y a seguir recomendaciones internacionales para frenar las transferencias.

La ONU refuerza con esta resolución otras decisiones anteriores en este ámbito, que se han ido aprobando durante los últimos años, sobre todo en respuesta a las acciones de grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico (EI).

Para el jefe de la oficina antiterrorista de la ONU, Vladímir Voronkov, la decisión llega en "un momento clave", después de que varios ataques recientes hayan demostrado que hay "flujos financieros que siguen llegando a los grupos terroristas tanto de fuentes ilegales como legales". (I)