Mayas relatan “atrocidades” de dictadura de Ríos Montt
“Me salvé de morir porque me escondí en el monte, en las milpas (cultivo de maíz)”, mientras el Ejército masacraba a los vecinos de la comunidad, relató Jacinto Brito, un indígena de 82 años, que compareció ante el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, donde se celebra el juicio por genocidio contra del ex jefe de Estado de Guatemala, José Efraín Ríos Montt.
Con la ayuda de un traductor judicial, en su natal idioma ixil, y asistido con un par de audífonos para paliar sus problemas de sordera, Brito contó este miércoles a los jueces “las atrocidades” que los soldados cometieron en el denominado Triángulo Ixil, en el noroccidental departamento de Quiché.
La acción de la que Brito salió ileso ocurrió el 25 de marzo de 1982, dos días después de que Ríos fuera aupado al poder por un golpe de Estado. Allí murieron 35 personas.
Los hombres que salvaron la vida, continuó Brito, fueron obligados por el Ejército a integrarse en las tenebrosas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), utilizadas como delatoras de vecinos sospechosos de ayudar a la guerrilla. Las PAC llegaron a operar con tal autonomía, que muchos de sus crímenes obedecían a rivalidades personales o para apropiarse de los bienes de sus víctimas, explicó el diario El País.
Brito forma parte de una lista de 150 testigos y familiares de las víctimas, que ante la Fiscalía intentan demostrar durante el juicio la supuesta responsabilidad del ex dictador y de otros procesados por las matanzas de indígenas durante el período más sanguinario de la guerra interna de 36 años que vivió Guatemala (1960-1996) en contra de población civil no combatiente.
Diego Ceto Santiago, otro de los testigos, dijo que los militares robaron sus animales, destruyeron su rancho, mataron a sus vecinos y violaron a las mujeres. “Era solo un niño” cuando presenció la masacre, agregó.
Otro testigo, Bernardo Gusal, señaló que incorporarse a las PAC era obligatorio, al igual que cultivar alimentos destinados a la tropa. Quien osara negarse, era encarcelado y golpeado salvajemente. “Llegaban todos los días y nos arrebataban los alimentos. Y nos recordaban que en la región, ellos ‘eran la ley”.
Mientras los supervivientes relataban lo sufrido, el abogado Marco Antonio Cornejo retomó su papel como defensor de Ríos Montt, quien se quedó sin defensa el martes, primer día del juicio, cuando la jueza Jazmín Barrios conminó a su abogado Francisco García a abandonar el recinto, acusándole de falta de ética y profesionalismo por interponer recursos para tratar de retrasar la apertura del juicio.
La jueza, que antes había advertido al anciano general que de no llamar a un defensor de su confianza, el tribunal ordenaría a la Defensoría Pública Penal que nombrara un abogado público para que lo representara, aceptó la reincorporación de Cornejo para garantizar el derecho de defensa del procesado.
Los peritos propuestos por la defensa de Ríos Montt, y su antiguo jefe de Inteligencia Militar, el también general retirado José Rodríguez, quien asimismo es procesado, fueron citados por el tribunal para el próximo 10 de abril.
Ríos Montt y Rodríguez son acusados de la muerte de 1.771 indígenas ixiles a manos del Ejército, perpetradas entre 1982 y 1983, cuando el primero gobernó de facto el país, y el segundo fue jefe de la temida Dirección de Inteligencia Militar.