El presidente argentino, Mauricio Macri, logró sellar una tregua, al menos en el estratégico corto plazo, con el movimiento obrero peronista. El hoy dividido sindicalismo que responde a las banderas de Juan Domingo Perón prometió actuar con “racionalidad” para cuidar el empleo en medio de una política de ajuste que incluye fuertes aumentos de precios y una ola de despidos masivos en los sectores público y privado que afecta a miles de trabajadores.

“No vamos a hacer terrorismo”, resumió el titular de la Confederación General del Trabajo (CGT) Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, alineado con el peronismo Renovador del excandidato presidencial Sergio Massa. Esa fue la síntesis del primer encuentro entre el presidente Mauricio Macri, a dos meses de su asunción, y las tres vertientes en que se divide el sindicalismo peronista a cuyos dirigentes recibió el jueves en la Casa Rosada, sede de gobierno.

De la reunión, sin explicaciones oficiales, fueron excluidas las dos Centrales de Trabajadores de Argentina (CTA) que agrupa a sindicatos de izquierda e independientes, entre ellos la Asociación de Empleados del Estado (ATE). Esta última fue la que convocó a un paro nacional para el 24 de febrero.

Barrionuevo estuvo acompañado por el titular de la CGT-Azopardo (por la calle donde se encuentra su sede), el camionero Hugo Moyano, que respaldó la campaña de Macri; y el jefe de la CGT kirchnerista, el metalúrgico Antonio Caló, además de un grupo reducido de dirigentes sindicales que responde a las distintas centrales obreras.  

Macri logró lo que buscaba: una foto con el movimiento obrero para mostrar “gobernabilidad” y la promesa de “racionalidad” con vistas al inicio de las negociaciones colectivas de salarios (“paritarias”) entre gremios y patronales. El Mandatario, contaron gremialistas que estuvieron en la reunión celebrada a puertas cerradas, pidió paciencia porque, a su juicio, recibió un avión “que caía en picada” y aseguró que “si Daniel Scioli (derrotado candidato presidencial kirchnerista) era el presidente el país se hubiera estrellado”.

“No hay que perder el poder adquisitivo, pero vamos a ayudar. Hace 60 días que asumieron. Yo pedí en la mesa no hablar de porcentajes de aumentos de paritarias. No podemos pretender ahora recuperar lo perdido con la inflación”, dijo Barrionuevo.

Pero las bases no piensan lo mismo. Los precios de la carne y otros alimentos básicos han tenido aumentos de 40% desde diciembre pasado, mientras se pide el mismo porcentaje para los nuevos contratos de alquileres. Además el gobierno puso en marcha un tarifazo de hasta 700% en las boletas de luz. Los sueldos cada vez alcanzan menos y los bolsillos empiezan a sufrir los efectos del ajuste. Por ello, los trabajadores apuestan a las paritarias para negociar aumentos acordes a la inflación. El economista Orlando Ferreres, que fue crítico del kirchnerismo, estimó que el índice de enero se situará en 6% y las proyecciones anuales se ubican en torno al 35% y el 38%.

Macri presiona para que los aumentos se ubiquen en torno al 25%, aunque asegura que no habrá un techo de negociaciones. Sin embargo, el ministro de Finanzas, Alfonso Prat Gay, lanzó una amenaza velada al movimiento obrero advirtiendo con despidos. “Cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleo”. De hecho, el sueldo presidencial tuvo un incremento del 30% hasta 131.421 pesos ($ 8.940), parte del cual es donado a un comedor social. Frente a eso los docentes bonaerenses, por ejemplo, exigen un aumento de 40% y amenazan no iniciar las clases en marzo, cuando empezará el calendario escolar anual en el país austral.

Pero Barrionuevo, cuyo líder político Sergio Massa se muestra alineado con el macrismo en el Congreso, dijo que “estamos en una situación difícil en la cual el presidente necesita un tiempo y nosotros se lo tenemos que dar, sin perder nuestros objetivos, pero no vamos a hacer terrorismo. Vamos a discutir las paritarias libremente”. Pero “hay que ser racionales y cuidar el empleo”.

Despidos

Este es otro punto que preocupa a los argentinos. Según Hugo Yasky, líder de la CTA, 25.000 despidos hubo en el sector público. El gobierno aseguró que todos son militantes kirchneristas que cobraban su sueldo sin trabajar, pero este argumento es rechazado por el gremio que los agrupa, el cual llamó a un paro nacional para este 24 de febrero.

La otra CTA, comandada por el dirigente Pablo Micheli, que fue crítica del kirchnerismo, advirtió que los despidos en el sector privado suman 22.793 desde el 1 de diciembre pasado. “Si aceptamos” un aumento del 25%, como presiona el gobierno, “es como que en nombre de los trabajadores, un grupo de dirigentes vayamos a firmar la rebaja salarial”. El dirigente planteó un incremento de entre 33% y 35%.

Macri, en su reunión con los sindicalistas peronistas, pidió paciencia y esbozó una agenda que incluye la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias (el gobierno prevé llevarlo de los  $ 1.000 a $ 2.000), la modificación de las escalas de ese tributo, el aumento y la universalización de las asignaciones familiares y la rebaja del  Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de la canasta básica para sectores más vulnerables. Pero sin ningún tipo de anuncios.

“No nos vamos con soluciones, pero nos vamos conformes. Se van a reunir los técnicos de los ministerios con los nuestros para seguir trabajando”, sostuvo Caló, un férreo defensor del gobierno kirchnerista en su primer cara a cara con el presidente en la Casa Rosada. (I)