Solo 20 días después de asumir la presidencia el 10 de diciembre del 2015 y después de cinco años y medio de investigación, Mauricio Macri fue sobreseído de una causa por espionaje telefónico a opositores y hasta contra un excuñado cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La causa, que el actual presidente atribuía a una intromisión del “kirchnerismo” en la justicia, había sido ratificada por la Cámara Federal. Sin embargo, el juez Sebastián Casanello tomó en consideración nuevos testimonios y consideró en su fallo que no había “ni una sola prueba” en su contra.

Sin embargo, no fue ese el único procesamiento. Cuatro meses antes de asumir, cuando aún era el principal candidato presidencial de la oposición, el juez Facundo Cubas cerró la causa por lesiones a indigentes por parte de la disuelta Unidad de Control de Espacios Públicos. En concreto se lo acusaba de 17 actos de violencia contra personas “sin techo” durante operativos de recuperación de paseos verdes de la capital.

Pero hubo más acusaciones que Macri acumuló en su despacho del gobierno porteño. Según el portal El Destape, tuvo 214 denuncias judiciales durante sus ocho años de mandato. Las causas fueron por “estafa, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y amenazas y abandono de persona”, la mayoría finalmente desestimadas. Al asumir la presidencia solo le quedaba sortear un último procesamiento, el que le apuntaba como impulsor de una red de escuchas telefónicas ilegales y cuya causa aún sigue su curso, aunque ya no tiene a Macri entre sus acusados.

El mandatario en menos de tres semanas de gestión presidencial quedó “limpio”. Pero un año y tres meses después, las imputaciones comienzan otra vez a acumularse y lleva ya cinco y una adicional desestimada por la justicia por la supuesta emisión descontrolada de letras del Banco Central (Lebacs) rechazada por el juez Daniel Rafecas.

En abril pasado, el diputado del Frente para la Victoria, (FPV, kirchnerista) Darío Martínez, lo denunció por lavado de dinero y omisión maliciosa en el caso de los Papeles de Panamá. El fiscal Federico Delgado pidió abrir una investigación y la causa recayó en el juez Casanello, el mismo que anuló el proceso en su contra en el marco de las escuchas telefónicas ilegales. Según la denuncia, el Grupo Macri posee más de 40 empresas off shore. El sitio El Destape reveló que con una de esas firmas el holding empresarial movió $ 9,3 millones desde un paraíso fiscal pero el movimiento nunca fue declarado.

Sin embargo, la Unidad de Información Financiera (UIF) dijo que “de las empresas (atribuidas a Macri o a su familia en los Papeles de Panamá) no surge elemento alguno que permita vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos”. Se trata de un aval oficial en su defensa. Los investigadores judiciales deberán determinar ahora cómo sigue la causa.

En la UIF Macri tiene a una persona de gran confianza. Su prima segunda, la abogada María Pía Monkes Calcaterra, hija de su primo hermano, Angel Calcaterra, uno de los principales beneficiados con la obra pública macrista. Ella es jefa de Recursos Humanos de la entidad.

Pero hay más. Tras aprobar una ley de “blanqueo”, Macri aprobó por decreto la extensión a familiares de funcionarios públicos el derecho de exteriorizar capitales en negro, a pesar de que la ley aprobada por el Congreso excluía expresamente esa posibilidad. Por ello fue imputado junto a su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el entonces ministro de Finanzas, Alfonso Prat Gay.

Otra imputación se enmarca en la causa denominada “memorándum de Qatar”. La fiscal María Paloma Ochoa investiga a Macri y otros 10 funcionarios, además del extenista campeón de Roland Garros Gastón Gaudio, un empresario, el emir de Qatar y el titular de la Autoridad de Inversión qatarí. ¿El motivo? Una sospechosa estructura offshore para la “eficiencia” de un fondo de inversiones binacional que tendrá un administrador extranjero, en el marco de un tratado comercial firmado el 6 de noviembre último. El extenista Gaudio habría actuado como facilitador entre ambos gobiernos. La denuncia fue presentada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, ampliada por el diputado Guillermo Carmona, del FPV.

El presidente fue imputado también por el fiscal Juan Pedro Zoni por la condonación de una millonaria deuda que el Grupo Macri, como administrador de la entonces privatizada empresa Correo Argentino, mantenía con el Estado desde más de 15 años. También fue imputado en la causa su ministro de Comunicaciones, Óscar Aguad. El Estado le condonó a la familia presidencial $ 4.375 millones (70.000 millones de pesos). El escándalo obligó al gobierno a dar marcha atrás.

La última imputación se dio en el marco de la liberalización del espacio aéreo para el desembarco en el país austral de aerolíneas de bajo costo. Avianca logró quedarse con decenas de rutas de cabotaje a través de la compra de la línea aérea MacAir, del Grupo Macri, dando lugar a la creación de la compañía Avian. Pero legisladores de la oposición denuncian que la venta nunca se concretó y que las autoridades de Avian siguen siendo las mismas que las de MacAir. Otra vez el gobierno debió dar marcha atrás y el desembarco de Avian está por ahora suspendido.

En esta causa, el fiscal Jorge Di Lello impulsó una acción penal contra el presidente, su padre Franco Macri, una decena de funcionarios nacionales y directivos de Avianca por los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Diputados piden juicio político

En tanto, un grupo de diputados “kirchneristas” presentó un pedido de juicio político en el Congreso contra el presidente por “mal desempeño y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”.

La iniciativa, impulsada por el diputado Julio Solanas, recibió el respaldo de distintos grupos internos del partido Justicialista (peronista), entre ellos el titular de la agrupación a nivel nacional, el exgobernador de la provincia andina de San Juan, José Luis Gioja.

Los legisladores basaron su denuncia en el escándalo desatado en el Correo Argentino. Los legisladores sospechan que con esta maniobra Macri buscó beneficiar a su primo Ángel Calcaterra.

El caso de Calcaterra es uno de los más sospechosos. El primo de Macri, titular de la empresa Iecsa, fue beneficiado durante el actual gobierno con las obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento que une la ciudad de Buenos Aires con el cono urbano oeste.

El diario brasileño Estado de San Pablo reveló documentación oficial de la investigación por el escándalo de la compañía Odebrecht que implica a la firma de Calcaterra en el pago de sobornos de $ 20 millones. La investigación recién empieza. (I)

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Gobierno entrega el servicio de 4G a Nextel, de Clarín

El gobierno oficializó la aprobación del proyecto presentado por la empresa Nextel, adquirida el año pasado por el Grupo Clarín a $ 178 millones, para brindar servicio de

4G en el mercado de telefonía celular argentino.
La oficialización se dio a través de la Resolución 1299/17 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) publicada en el Boletín oficial el martes pasado.

La resolución autoriza a prestar Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA), en las bandas de 900 MHz y 2,6 GHz, convirtiendo a Nextel en la cuarta operadora móvil del país, con Claro (América Móvil), Movistar (Telefónica) y Personal (Telecom).

Para llegar a la decisión el gobierno emitió el decreto 1340 firmado por el presidente Mauricio Macri que permitió al Ministerio de Comunicaciones dictar la resolución 171, que establece el procedimiento de refarming (reutilización) con compensación económica y uso compartido de frecuencias.

De esta forma se confirman los temores de Telefónica, que denunció un trato de favor por parte del Gobierno argentino hacia el Grupo Clarín, al cambiar la legislación para otorgarle una licencia sin apenas desembolso alguno, mientras que los tres operadores actuales abonaron $ 2.233 millones en 2014 por la asignación de las bandas de 700 Mhz, 1,7 GHz y 2,1 GHz para dar servicios de 4G y hasta hoy no han recibido las frecuencias. (I)