El gobierno de Mauricio Macri instruyó a revisar los contratos de empleados públicos, en uno de varios decretos aparecidos este martes en el Boletín Oficial, en coincidencia con una multitudinaria marcha en defensa de puestos de trabajo.

A 2 días del inicio del receso estival en el poder judicial y el Congreso, Macri apuró decretos y polémicos nombramientos.

El presidente instruyó por decreto a todos los ministros y autoridades de organismos descentralizados del Estado "a revisar los procesos concursales y de selección de personal".

Los nuevos altos funcionarios tienen que renovar por tres meses los contratos mientras cumplen con la revisión "en un plazo no mayor a seis meses".

Los nuevos decretos coincidieron con la marcha de miles de personas al Ministerio de Trabajo, convocados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los dos grandes sindicatos que representan a los empleados públicos.

La movilización fue convocada luego de que la semana pasada el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunciara que se revisarían 24.000 contratos de empleados públicos y 11.000 concursos realizados desde 2013.

Los manifestantes también protestaron contra lo que consideran "el ajuste de Macri" tras la devaluación de la moneda en casi 30% y la disparada inflacionaria.

Según un informe del diario La Nación, el plantel de la administración pública creció 54% en los 12 años de gestión kirchnerista iniciada en mayo de 2003, pasando de unos 240.000 a más de 370.000 empleados.

Otros dos decretos publicados el martes suspenden 2 leyes del Congreso relacionados con la justicia, en medio de las presiones para que renuncie la titular de la Procuración General, Alejandra Gils Carbó, pese a que su cargo es vitalicio y fue aprobado por amplia mayoría en el Parlamento.

Un decreto traspasa a la Corte Suprema las escuchas judiciales, que habían sido transferidas por ley a comienzos de 2015 de la órbita de la secretaría de inteligencia a la de la Procuración General de la Nación, encabezada por Gils Carbó.

Otra norma posterga la aplicación del nuevo Código Procesal Penal que debía comenzar a aplicarse el 1 de marzo.

El ministro de Justicia Germán Garavano, había anunciado la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) como "la única manera" para el gobierno, ante la decisión de "corregir algunas facultades que se habían otorgado al Ministerio Público".

"No tenemos Congreso y hay decisiones urgentes", justificó.

Otra publicación en el Boletín Oficial fue el nombramiento de la politóloga Laura Alonso, exdiputada macrista (derecha liberal), como la nueva responsable de la Oficina Anticorrupción, para lo cual se eliminó el requisito de ser abogado, título con el que ella no cuenta.

Otra polémica despertó la designación de María Eugenia Talerico, exabogada del Banco HSBC en casos de lavado de dinero, como segunda de la Unidad de Información Financiera dedicada a enfrentar la evasión fiscal. (I)