El Triángulo Norte, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras, sufre una “epidemia de violencia” por culpa de las maras o pandillas, un fenómeno importado que ha evolucionado desde la cuestión identitaria a la organización criminal gracias a un contexto de pobreza, falta de oportunidades e instituciones débiles.

Precisamente a causa de este asunto se abrió un conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en El Salvador. El presidente Nayib Bukele busca aprobar un préstamo de $ 109 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica para combatir a las pandillas, pero la Asamblea Legislativa no lo respalda.

En respuesta, Bukele apeló al derecho constitucional a la insurrección para reclamar a los parlamentarios por desatender la orden del Consejo de ministros e hizo un llamamiento a la ciudadanía a manifestarse frente a la sede legislativa para demandar la aprobación del préstamo. También ordenó el repliegue de militares alrededor de la Asamblea Legislativa.

El problema nació en los 80

En Centroamérica existían pandillas callejeras antes de las guerras civiles, pero el fenómeno de las maras tal y como se entiende en nuestros días nació en los años 80 en Los Ángeles”, explica María Luisa Pastor Gómez, autora del estudio “Las maras centroamericanas”, para el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).

Las guerras civiles empujaron a ciudadanos del Triángulo Norte a Estados Unidos, siendo Los Ángeles el destino preferente. Entre los 80 y los 90 “la población inmigrante centroamericana en el vecino del norte se triplicó, lo que se tradujo en “exclusión social e incluso violencia étnica”. Para defenderse, la diáspora centroamericana se unió primero a las pandillas chicanas y terminó formando las suyas.

La Mara Salvatrucha (MS-13) se erigió como la principal agrupación y ejerció una especie de tutela con Barrio 18, pero la alianza se rompió en 1988 a raíz de una pelea en una noche de fiesta pandillera en King Boulevard y desde ese día la guerra “la causa”, -en argot pandillero- entre “los chicos de las letras” y “los chicos de los números” se volvió incontenible”.

Estados Unidos tomó medidas y en 1996 promulgó una ley para regular la inmigración con la que en la década siguiente devolvió al Triángulo Norte a 46.000 pandilleros y 200.000 “deportados comunes”. Los retornados reprodujeron en El Salvador, Guatemala y Honduras su forma de vida en Los Ángeles y captaron a jóvenes ya vinculados con grupos locales, provocando una “hibridación”.

Según indica Pastor Gómez, las pandillas se importaron con tal facilidad porque había un marco propicio. En los años 90, los países centroamericanos estaban inmersos en los procesos de paz que siguieron a las guerras civiles, por lo que las maras encontraron Estados débiles y aprovecharon el vacío de poder. “Desde entonces, mantienen subyugada y atemorizada a una gran parte de la población”, apunta.

Las maras tienen en las ciudades su campo de operaciones y en los jóvenes su banco de pesca. Sus miembros proceden de barrios marginales con poca o ninguna presencia estatal y de familias pobres que sobreviven con menos de $ 250 mensuales.

Una de sus grandes actividades es la extorsión. Al establecerse como un poder alternativo al Estado, cobran tributos -“rentas” o “pisos”-- a pequeños negocios y vecinos que oscilan entre los $ 100 y  $ 5.000 mensuales. Aquellos que no pagan o se retrasan en cancelar se exponen al secuestro o incluso a la muerte. A ello se suman el “narcomenudeo”, el sicariato y el cobro a las prostitutas.

Como resultado, Centroamérica alcanza una de las tasas de criminalidad más altas del mundo. Supera los 36 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que se considera una “epidemia de violencia”. (I)