Desde finales de la década del 90, la Ley de Trabajo en el Perú permite que cualquier grupo zonal de trabajadores pueda convertirse en un sindicato. No hace falta mayor requisito para ello, salvo poseer un mínimo de 25 miembros y registrarse en el Ministerio de Trabajo.

Con el tiempo, esa apertura legal, que en principio buscaba expandir los derechos de los trabajadores en todos los niveles, ha terminado por convertirse en un dolor de cabeza para el sector de la construcción.

Aprovechando el llamado ‘boom inmobiliario’, que empuja a la construcción de centenares de soluciones habitacionales en todas las latitudes del Perú, algunas bandas delictivas han utilizado la fachada de sindicatos de construcción civil, para irrumpir en escena, utilizando métodos delictivos que buscan el mayor provecho de las inversiones inmobiliarias.

La forma de operar tiene su fuerte en la extorsión. Enterados de que alguna constructora desea iniciar un nuevo proyecto en sus ‘zonas’, como se denomina a los territorios dominados por estas bandas, sus dirigentes empiezan a averiguar el nombre de los ingenieros a cargo de la obra, para chantajearlos amenazando su seguridad y la de sus familias. En varios casos, estas organizaciones piden a la constructora el 1% o 2% del monto total de la inversión, y hasta el 30% de los puestos de trabajo, plazas que luego serán vendidas a los obreros por no menos de 300 soles (107 dólares), quienes, semanalmente, deberán pagar una tasa de 10 o 20 soles (5,50 dólares, en promedio) para asegurar su puesto de trabajo.

En suma, un gran negocio que arroja anualmente cerca de 11 millones de soles (cerca de 4 millones de dólares) a cada organización.

A nivel nacional existen alrededor de 295 sindicatos de construcción civil. La cifra la proporcionan la Central General de Trabajadores de Perú (CGTP) y la Central de Trabajadores de Perú (CTP), 2 instancias que aglutinan a obreros en el país. Esta cifra es imprecisa, pues para que un sindicato sea registrado no se requiere necesariamente que esté afiliado a ninguna de estas dos instancias. Por esta razón, los ojos acusadores recaen en el Ministerio de Trabajo, el que, según dirigentes de la CGTP y la CTP, no repara en que los miembros de asociaciones que aprueba pueden ser delincuentes.

Solo en Lima Metropolitana se han registrado alrededor de 129 sindicatos, muchos de ellos, en realidad, verdaderas mafias encargadas de cobrar cupos para el desarrollo de las obras. Recientemente se supo que al menos 28 de esas organizaciones poseen mejores armas que la propia Policía Nacional.

La agudización de este problema ha tomado la forma de la muerte. Enterados del alto porcentaje de ganancia que proporciona el ser dirigente de uno de estos sindicatos, y el valor que en ese sentido tienen los territorios, los sicarios han venido a ser parte de la forma de asegurar esos beneficios.

Los sindicatos han preferido defender a bala y sangre sus espacios antes que negociarlos. En Cañete, uno de los distritos cercanos a Lima más azotados por este tipo de violencia, apenas en los 2 últimos meses se ha registrado alrededor de 15 asesinatos a líderes de la construcción civil. Esa cifra suma a unos 33 muertos adicionales alrededor del país, entre los que se incluyen obreros, policías, jueces y fiscales encargados de solucionar disputas sindicales.

Creada en 2010, debido al elevado precio de este conflicto, la División de Protección de Obras Civiles (Divproc) asegura haber desarticulado hasta 2013 unas 187 bandas dedicadas por completo a la extorsión. Esas acciones habrían dejado unas 1.103 personas detenidas bajo acusación de sicariato y delincuencia. De ellas, unos 681 individuos resultaron ser exconvictos buscados por la justicia.  

Semanalmente los medios de comunicación registran muertes y enfrentamientos entre bandas rivales por cupos de construcción. Ese registro muestra cómo, con una celeridad inesperada, el conflicto se muda cada vez más cerca de los núcleos urbanos en todo el Perú. La mañana del 17 de junio pasado, por ejemplo, una balacera se desató en la avenida Independencia, pleno centro de Lima, dejando varios heridos y 72 detenidos, todos miembros de dos grupos de construcción civil enfrentados por territorio.

Ante ese grado de violencia, el Estado ha tenido una débil respuesta, casi silenciosa. Al final, parece que el razonamiento institucional apunta a ver este problema como amenazas alrededor de inversiones privadas.