En la nueva Argentina neoliberal, contratar y despedir trabajadores debería ser tan normal como comer y evacuar. La analogía no es exagerada. Resume el ambicioso plan de flexibilización laboral que prepara el presidente Mauricio Macri. “La posibilidad de entrar y salir del mercado laboral hace a su esencia: es como comer y descomer”, afirmó sin ruborizarse el exdirectivo del grupo Techint y actual secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte.

Después de un año de gestión en el que se perdieron 200.000 puestos de trabajo, el Gobierno prepara una nueva ofensiva en materia de empleo que recuerda a aquella implementada en la década del 90 por el entonces mandatario Carlos Menem (1989-99).

En aquella ocasión se redujeron indemnizaciones, suspendieron derechos laborales y se limitó el derecho de huelga en medio de una ola de privatizaciones que dejó a miles de personas en la calle y derivó en una crisis que tuvo como corolario el estallido social de diciembre de 2001 bajo el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001).

Los cuerpos de una veintena de argentinos quedaron tendidos en la calle.

Pero Ponte no se inmutó y fue incluso más allá: volvió a rescatar del olvido las pasantías laborales previstas por una ley de Menem. La norma permitía mantener en plantilla a jóvenes sin capacitación hasta cuatro años con sueldos bajos y deshacerse de ellos sin pagar indemnización alguna al término de ese plazo.

De esa manera proliferaron en los centros laborales los llamados ‘pasantes’ o ‘becarios’ que por un salario magro y hasta 12 horas diarias cumplían las mismas funciones que empleados experimentados. Y cuando debían ser ‘blanqueados’ se los despedía sin pagarles un centavo. Una nueva ley de 2008 les otorgó derechos y poco a poco fueron reemplazados por la modalidad de contrato temporal.

“La única forma de integrar la educación con el trabajo es con prácticas formativas”, dijo Ponte al rescatar las pasantías de la década del 90 que llevaron a abusos sistemáticos en sectores empresariales contra trabajadores precarizados.

El proyecto encendió la alarma de las centrales obreras. Pablo Micheli, titular de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA Autónoma, de izquierda), amenazó con una medida de fuerza para desbaratar el plan oficial.

“Hacer un paro nacional no significa romper ninguna paz social, es ejercer nuestro derecho constitucional a la protesta. Tiene que haber una presencia de las centrales sindicales fuerte y digna para decir que acá no van a avanzar en una reforma laboral que signifique más pobreza para los jóvenes”.

Para Micheli, la declaración de principios de Ponte fue “brutal,  como es el modelo que lleva adelante el Gobierno” y que tiene un objetivo claro de profundizarlo. “Y para eso necesitan tener alguna complicidad sindical”.

El Ministerio de Trabajo quiere combatir la informalidad y el desempleo reduciendo costos laborales y mejorando lo que llama ‘empleabilidad’, o sea el acceso al mundo laboral. Según sus cálculos, el 35% de la fuerza laboral argentina se encuentra en la informalidad.

“En Argentina existe un problema grave de acceso al empleo. Tenemos que capacitar a los argentinos y dar incentivos para generar puestos de trabajo”, afirmó el ministro del área, Jorge Triaca.

El ministro promueve un ‘blanqueo laboral’ que incluye disminuir aportes personales y contribuciones patronales para reducir el costo laboral y hasta las indemnizaciones. En este proyecto se enmarcan los aportes jubilatorios.

El plan fue rechazado por las centrales sindicales y la oposición. El bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados recordó que entre 1994 y 1999 el gobierno de Menem redujo los aportes patronales más del 50%, pero el desempleo aumentó el 48%. “Lo mismo ocurrió en el resto del mundo cuando se otorgaron ventajas impositivas a los empresarios”, sostuvo en un comunicado.

Advirtió que el proyecto desfinanciará la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), ya que el pago de las jubilaciones y pensiones se sostiene en gran medida con los aportes y contribuciones patronales y esta será la excusa para bajar las jubilaciones futuras.

En los pasillos de la Casa Rosada, en tanto, ya se comienza a susurrar sobre un proyecto para aumentar la edad de jubilación, que en Argentina hoy es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sumó su granito de arena: “Me preocupa el impacto que tienen las cargas al trabajo. Son altas frente al resto del mundo y eso explica en buena medida que Argentina tenga 35% de empleo en negro”.

Pero Héctor Daer, miembro del triunvirato de conducción de la poderosa Confederación General del Trabajo (CGT, peronista), advirtió que la central obrera “no va a resignar derechos laborales”. La lucha recién comienza. (I)