El presidente de Argentina, Mauricio Macri, fue imputado por no someter a debate en el Congreso el acuerdo  suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por el cual el país recibirá un préstamo de $ 50.000 millones firmado. La incriminación se produce en medio de una corrida cambiaria, una inflación galopante y tensa situación social.

El mandatario fue imputado por el fiscal federal Jorge Di Lello por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Solicitó incluso que el juez federal a cargo de la causa, Julián Ercolini, dicte una medida cautelar y suspenda la ejecución del acuerdo con el FMI, resistido por la población, según sondeos.

El gobierno de Macri firmó el acuerdo el 7 de junio y dos semanas después se hizo efectivo el primer desembolso de $ 15.000 millones.

La imputación se conoce en momentos que una misión, encabezada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, uno de los imputados, se encuentra en Washington para lograr el adelanto de $ 29.000 millones para alejar el fantasma de un default.

La denuncia penal fue presentada por la Unidad Popular, un pequeño partido político de centroizquierda, a través de uno de sus dirigentes, el exdiputado Claudio Lozano. La presentación fue secundada por el Movimiento Popular La Dignidad y por el Observatorio del Derecho de la Ciudad, que dirige Jonatan Baldiviezo.

Los denunciantes pidieron al juez que se ordene al gobierno abstenerse de futuros retiros (del paquete de ayudas del FMI) o solicitud de fondos, así como también el uso del dinero ya girado por el organismo crediticio.

En la causa también fueron imputados el jefe de gabinete, Marcos Peña; el presidente del Banco Central, Luis Caputo; y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

“El doctor Di Lello decidió impulsar la acción penal, requerir la instrucción e imputar al presidente Macri y algunos de sus ministros. En su escrito consideró que los hechos, las ilegalidades e inconstitucionalidades alegadas en la denuncia resultan verosímiles y lógicas”, indicó Baldiviezo.

La fiscalía solicitó al Ministerio de Economía la totalidad de las resoluciones mediante las cuales el gobierno adquirió deuda para el Tesoro nacional y el Banco Central.

“El gobierno de Macri ha incurrido en el delito de abuso de poder al no someter el acuerdo con el FMI a la aprobación parlamentaria como establece la Constitución Nacional. La excusa esgrimida en base a un artículo de la ley de administración financiera pasa por alto que dicha norma es inconstitucional y que además está caduca”, aseguró Lozano.

Agregó: “Por otra parte el FMI incumplió sus propios estatutos que le impide prestar fondos en países en situación de fuga de capitales. Por ambas razones Argentina debe desconocer este acuerdo”. (I)