Los diputados kirchneristas presentaron un amparo colectivo y una denuncia penal contra el jefe de gabinete, Marcos Peña, y otros funcionarios argentinos para frenar el uso de la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por parte del Gobierno para las políticas de comunicación oficial. El anuncio del oficialismo cosechó de inmediato el rechazo del arco opositor, que denunció que se trata de una violación a la privacidad individual y advirtió que puede ser espionaje encubierto.

La Anses es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Trabajo que administra las prestaciones de seguridad social de Argentina, entre ellas la asignación familiar, los subsidios por desempleo, la asignación universal por hijo y las jubilaciones y pensiones. La base de datos de la Anses es la más importante del país, ya que reúne los registros de los trabajadores en blanco y sus entradas y salidas del mercado laboral, así como información de datos filiatorios, dirección, teléfonos y e-mails. Se trata de la privacidad de 16 millones de personas. El Gobierno, que encabeza Mauricio Macri, quiere usar esos datos para hacer publicidad de los actos oficiales y “facilitar” trámites online.

“Es entrometerse en la intimidad de las personas, a través del uso de datos sensibles. Es otra medida hegemónica de un gobierno ajeno a los principios republicanos”, aseguró el líder de la bancada de diputados del Frente para la Victoria (kirchnerismo), Héctor Recalde, quien asoció la manera de hacer política comunicacional del Gobierno con el concurso de televisión Gran Hermano. En sintonía, el diputado y dirigente de La Cámpora, Andrés Larroque, dijo que “es una amenaza clara y concreta a los derechos de los ciudadanos” y subrayó que en Argentina la ley 25326 de Protección de Datos de las Personas prohíbe expresamente la difusión de información privada que permita individualizar a los ciudadanos.

Recalde, con las diputadas Teresa García y Carolina Gaillard, presentó la acción de amparo de alcance colectivo, mientras los legisladores del mismo partido opositor, Rodolfo Taillade y Juan Cabandie, avanzaron por la vía penal. Los diputados kirchneristas denunciaron a Peña y al secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, “por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y violación de secretos y de la privacidad”.

Para Recalde, esto “no se hace para comunicar los actos de Gobierno porque eso pueden hacer por los medios afines que tienen, que son un montón, o por el canal oficial”, sino -deslizó- que la información podría ser utilizada “con fines electorales en el marco del debate de reforma política y boleta electrónica” o “con fines económicos, lo que permitiría grandes negocios”. Para el titular de la bancada kirchnerista, el Gobierno “puede hacer con esto cualquier cosa, sobre todo sabiendo que en el país hay unos 60.000 hackers”.

“Esta práctica remite a estrategias empresariales (habituales entre los CEO que integran el Gobierno) que a cambio de un ‘regalo’ obtienen los datos personales de los consumidores y los someten, posteriormente, a un permanente asedio por vía telefónica o por el envío de correos electrónicos”, dice la presentación de Recalde que se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, a cargo de la jueza Liliana Heiland.

Mientras se acumulan las denuncias, el diario Página 12 denunció este viernes que algunos ciudadanos recibieron anuncios del Gobierno en sus teléfonos celulares en una clara violación a la ley 25326.

A las presentaciones judiciales que ocurrieron esta semana en contra de la iniciativa macrista se sumará la del Frente Renovador, liderado por el exkirchnerista y extitular de la Anses, Sergio Massa. Desde esa fuerza también anunciaron que presentarán un habeas data para “proteger a los beneficiarios de seguridad social para que no sean instrumento de propaganda del Gobierno”.

Por su parte, desde la Casa Rosada, Marcos Peña declaró que el objetivo de la transferencia de datos de la Anses busca “mejorar el vínculo no de un gobierno, sino del Estado con los ciudadanos” y defendió la decisión  achacando a la gestión anterior la firma de 40 convenios en ese sentido. El exdirector de Anses en el gobierno de Cristina Fernández, el ahora diputado Diego Bossio, desmintió esas declaraciones.

Dijo que “en ninguno de esos convenios la Anses entregó su base de datos para difundir propaganda política”. (I)

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Peña Nieto visitó a Macri

Argentina y México firman 17 convenios

Con el objetivo de relanzar la relación bilateral, el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo argentino, Mauricio Macri, firmaron 17 acuerdos de cooperación y acordaron profundizar el Acuerdo de Complementación Económica ACE-6.

En el marco de la visita de Estado que el mandatario mexicano realiza al país sudamericano, ambos mantuvieron un encuentro en la Casa Rosada, donde acordaron relanzar la relación bilateral.

La reunión duró una hora. Posteriormente participaron en un almuerzo.

Macri dijo que aspira a que “México tenga un lugar preponderante” en “la nueva etapa de diálogo” de Argentina “con el mundo”, al participar en el acto de firma de los acuerdos bilaterales.

Los gobiernos de México y Argentina acordaron colaborar en materia de ciencia y tecnología, violencia de género, turismo, derechos humanos, combate al crimen organizado y medio ambiente, entre otros.

Al respecto, Peña Nieto expresó que espera que esta profundización permitirá en un futuro no solo que haya mayor integración, sino un tratado de libre comercio entre Argentina y México.

Macri aprovechó el acercamiento con Peña Nieto para avanzar en la promoción de un acuerdo entre los bloques Mercosur y Alianza del Pacífico.

En el inicio formal de su visita Peña Nieto colocó una ofrenda floral en el monumento al general José de San Martín. En la ceremonia, el vicejefe de Gobierno de Buenos Aires, Diego Santilli, entregó al gobernante mexicano las llaves de la ciudad. (I)