El presidente argentino, Mauricio Macri, quien descansa con su familia en el sur de su país, instruyó a revisar los contratos de empleados públicos, en uno de varios decretos aparecidos ayer en el Boletín Oficial, un hecho que coincidió con una multitudinaria marcha en defensa de puestos de trabajo.

A dos días del inicio del receso veraniego en el Poder Judicial y el Congreso, Macri apuró los decretos y polémicos nombramientos.

El presidente instruyó por decreto a todos los ministros y autoridades de organismos descentralizados del Estado “a revisar los procesos concursales y de selección de personal”.

Los nuevos altos funcionarios tienen que renovar por 3 meses los contratos mientras cumplen con la revisión “en un plazo no mayor a 6 meses”.

Los nuevos decretos coincidieron con la marcha de miles de personas al Ministerio de Trabajo, convocados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los dos grandes sindicatos que representan a los empleados públicos.

La movilización fue convocada luego de que la semana pasada el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunciara que se revisarían 24.000 contratos de empleados públicos y 11.000 concursos realizados desde 2013.

Los manifestantes también protestaron contra lo que consideran “el ajuste de Macri” tras la devaluación de la moneda en casi 30% y la disparada inflacionaria.

Según un informe del diario La Nación, el plantel de la administración pública creció 54% en los 12 años de gestión kirchnerista iniciada en mayo de 2003, pasando de unos 240.000 a más de 370.000 empleados.

Otros dos decretos publicados ayer suspenden 2 leyes del Congreso relacionadas con la justicia, en medio de las presiones para que renuncie la titular de la Procuración General, Alejandra Gils Carbó, pese a que su cargo es vitalicio y fue aprobado por amplia mayoría en el Parlamento.

Otro decreto traspasa a la Corte Suprema las escuchas judiciales que habían sido transferidas por ley a comienzos de 2015 de la órbita de la Secretaría de Inteligencia a la de la Procuración General de la Nación, encabezada por Gils Carbó.

Otra norma posterga la aplicación del nuevo Código Procesal Penal que debía comenzar a aplicarse el 1 de marzo.

Macri obliga de esta forma a que sean los fiscales quienes encabecen las investigaciones y que los jueces solo operen como garantes de los procesos judiciales.

El ministro de Justicia Germán Garavano había anunciado la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) como “la única manera” para el gobierno, ante la decisión de “corregir algunas facultades que se habían otorgado al Ministerio Público”.

“No tenemos Congreso y hay decisiones urgentes”, justificó.

Otra publicación en el Boletín Oficial fue el nombramiento de la politóloga Laura Alonso, exdiputada macrista (derecha liberal), como la nueva responsable de la Oficina Anticorrupción, para lo cual se eliminó el requisito de ser abogado, título que ella no tiene. (I)

Juez sobreseyó a Macri por caso de escuchas ilegales

El jueza federal Sebastián Casanello revocó el procesamiento del presidente argentino, Mauricio Macri, por entender que no hay pruebas que lo involucren en la causa por escuchas ilegales contra su cuñado y familiares de víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

El fallo de Casanello echó por tierra la acusación de Sergio Burstein, de la agrupación 18J de familiares de AMIA, y Néstor Leonardo, excuñado de Macri, ambos víctimas de escuchas ilegales, quienes habían solicitado que el presidente fuera enviado a juicio. Burstein había recusado a Casanello por prejuzgamiento, pero la Cámara Federal rechazó el pedido y lo confirmó al frente de la causa.

La defensa de Macri, a cargo de los abogados Ricardo Rosental y Alejandro Pérez Chada, sostuvo que fueron parciales los pedidos de las querellas porque no tuvieron en cuenta la declaración del exministro de Justicia porteño y actual embajador en Uruguay, Guillermo Montenegro, quien aseguró que Macri no participó del proceso de selección de “pinchaduras” concretadas por Jorge “Fino” Palacios como jefe de la Policía Metropolitana.

En otro polémico tema, el ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, anunció que el gobierno revisará la participación de Argentina en el canal multiestatal Telesur.

Esta medida se suma a la remoción de los directivos de los organismos que regulan las comunicaciones, los medios audiovisuales y hacen cumplir la Ley de Medios. La presidenta de Telesur, Patricia Villegas, señaló en su cuenta en Twitter, que la señal de la televisora se transmite sin problemas en Argentina. (I)