El gobierno de Mauricio Macri oficializó este martes 31 de julio en el Boletín Oficial el decreto que reforma el rol de las Fuerzas Armadas y que posibilitará la intervención militar en la seguridad interior para combatir el narcotráfico, el terrorismo y custodiar además “sitios estratégicos”. Pero esta nueva política de defensa se enfrenta a una rebelión en el Congreso.

El plan, fuertemente rechazado por organismos de derechos humanos, la oposición peronista y de izquierda, marca un rotundo cambio de paradigma en la política castrense en democracia que reservaba hasta ahora a las Fuerzas Armadas el rol exclusivo de defensa ante una agresión externa. 

El primer paso de este nuevo esquema será dado este miércoles con el envío de 300 militares a la frontera norte del país, en el límite con Paraguay, para luchar contra el tráfico de drogas junto a las fuerzas de seguridad que ya se encuentran en el lugar con ese mismo propósito. En los próximos días se enviarán otros 200 efectivos.

El objetivo del ministerio de Defensa es sumar 4.000 militares a lo largo de la frontera norte con Bolivia, Paraguay y Brasil, en un despliegue jamás visto en la era democrática iniciada en 1983, antes de fin de año. También serán enviados a las “zonas calientes” de la lucha contra el narcotráfico 40 pilotos y mecánicos de la Fuerza Aérea y 8 helicópteros.

Hasta ahora, el combate contra los “narcos” estaba reservado a las fuerzas de seguridad, en especial la Gendarmería y la Prefectura.

Pero la oposición promete dar pelea. Las bancadas de diputados del kirchnerista Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el Partido Justicialista y el Movimiento Evita (cuatro vertientes peronistas), así como del Frente de Izquierda, convocaron a una sesión especial en el Congreso el 8 de agosto.  El objetivo es intentar derogar el decreto presidencial.  Incluso, el “kirchnerismo” presentó una instancia judicial para declarar el decreto inconstitucional.

Tanto la oposición como los organismos de derechos humanos advierten que la decisión oficial busca habilitar a las Fuerzas Armadas en la represión de los movimientos sociales, en medio de una dura crisis económica que ha aumentado los niveles de pobreza y desató una ola de protestas gremiales en el país austral.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, negó esa posibilidad y afirmó que el decreto “no habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones internas. Al contrario –dijo- pueden dar soporte logístico a las fuerzas de seguridad para el combate del narcotráfico y también las nuevas amenazas como el terrorismo”.

Al mismo tiempo el gobierno empezó a delinear la lista de “sitios estratégicos” que serán custodiados por las Fuerzas Armadas. En un principio serán 22 radares emplazados a lo largo del territorio. Pero además se estudia sumar a hidroeléctricas, centrales nucleares, embalses y termoeléctricas. (I)