El presidente argentino, Mauricio Macri, enfrentará la semana más difícil de su gestión, con la paralización del inicio de clases por una huelga nacional docente de 48 horas y una movilización obrera en protesta contra sus políticas económicas y de ajuste que promete desembocar en la primera huelga general de su mandato.

“Hay actitudes y cuestiones” que “emparentan más este accionar del gobierno, a un gobierno autoritario que a un gobierno democrático”, dijo Roberto Baradel, líder del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), la cara más visible de la huelga docente.

El paro abarcará todos los niveles de la enseñanza, ya sea pública o privada. Este lunes, además, los docentes se movilizarán al Congreso a  reclamar ante las autoridades legislativas. Se estima que unos 4,4 millones de niños no tendrán clases en los niveles primario y secundario.

Los docentes reclaman un aumento salarial de 35% este año. El gobierno no convocó a una “paritaria nacional” (negociaciones colectivas) como sucedió en los últimos años y fijó unilateralmente un piso de incremento de 18%, el índice de inflación oficial proyectado para 2017 que los gremios rechazan de manera tajante. El año pasado el ejecutivo pautó un índice inflacionario de 25%, pero la cifra superó largamente el 40%. Los docentes tuvieron en 2016 una recomposición salarial de 34%.

Los maestros rechazaron el aumento y ratificaron el paro para este lunes y martes. Entonces el gobierno convocó a negociaciones el viernes pasado en el último intento para evitar la medida. La oferta de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fue adicionar una suma fija de entre 800 y 2.000 pesos según el cargo (de $ 50 a $ 125). Allí habita un tercio de la población del país.

“La propuesta fue vergonzosa. La rechazamos de plano. Lejos de resolver el conflicto, el gobierno de María Eugenia Vidal defraudó a la sociedad y actuó de mala fe. No habrá clases en todo el país, la medida es nacional”, sostuvo Baradel.

Pero las cosas son más complejas. Baradel fue amenazado de muerte y también su familia a raíz de la huelga. En su reciente exposición en el Congreso para inaugurar el período de sesiones ordinarias, Macri  minimizó la situación. “No creo que Baradel necesite que nadie lo cuide”, sostuvo. Ese mismo día una carta anónima llegó a su gremio (Suteba): “Da marcha atrás con el paro antes del lunes o uno de tus hijos aparecerá muerto”, decía

Baradel es el principal vocero de la lucha docente, a la que se adhirieron todos los gremios con representación nacional. Desde el gobierno “plantean una guerra, no una paritaria. En una guerra, el objetivo es exterminar a su enemigo. Como saben que no tenemos precio, que no nos pueden comprar, que seguiremos peleando y no nos callarán, intentan por este lado”, sostuvo.

Y prosiguió: “he pasado muchas discusiones, pero jamás viví una cosa de estas características. Compañeros, que son más grandes que yo, recuerdan la dictadura militar, porque hay actitudes y cuestiones que las emparentan. Se emparenta más a un gobierno autoritario que a un gobierno democrático”, enfatizó.

Desde el gobierno, la vicepresidenta Gabriela Michetti respondió: “el paro tiene motivaciones políticas que van más allá de lo salarial y una situación que en algún punto es irracional”. Las autoridades además avalaron una campaña impulsada por un espía del Batallón 601 del Ejército durante la dictadura y actual militante oficialista para convocar a “voluntarios” que reemplacen a los docentes en huelga. Su utilización, según fuentes de la Casa Rosada, será limitada.

Pero el conflicto docente no será el único que pondrá contra las cuerdas al gobierno de Macri. Mañana la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una marcha ante el Ministerio de la Producción que promete ser masiva. Allí la cúpula gremial anunciaría el primer paro general contra Macri, a más tardar,   para la primera quincena de abril.

Macri está frente a “un fuerte desafío social para el gobierno, por la acumulación de movilizaciones y protestas. La CGT protesta contra la política económica (ajuste, importaciones, despidos, etc.) que tiene la adhesión de todos los sectores del peronismo, el resto de centrales sindicales, movimientos sociales, la pequeña empresa y las economías regionales”, graficó el analista político Rosendo Fraga, titular del centro de estudios Nueva Mayoría.

El gobierno insiste en que las cosas marchan mejor y que las medidas buscan medir fuerzas en un año electoral. Incluso, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, anunció el fin de la recesión. Pero Fraga descree de esta visión: “en realidad la economía está cayendo menos” y el gobierno “corre el riesgo de chocar con una percepción social diferente, tras cinco trimestres de recesión”, concluyó. (I)