En lo que hasta la oposición no kirchnerista y distintos constitucionalistas ya definen como “un terrible retroceso institucional”, el presidente derechista argentino Mauricio Macri comenzó a borrar con el codo lo que escribió con la mano y designó directamente a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia.

En menos de una semana de gestión ya aprobó unos 40 decretos de necesidad y urgencia comparados con los 29 firmados en los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).  Algunos de estos decretos son meramente burocráticos, pero otros han sacudido a una sociedad que paradójicamente le reclamaba al kirchnerismo un mayor cuidado de la institucionalidad apostando por un “cambio”.

El decreto más polémico es sin dudas el que nombra a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia, algo que no se veía en Argentina desde... 1862, cuando se designó a los primeros magistrados. Y lo hizo sorteando al Congreso de la nación, que se encuentra en receso, evitando llamar a sesiones extraordinarias para que el pliego de ambos postulantes sea tratado en el Senado, como exige la ley. El kirchnerismo tiene mayoría en la Cámara Alta.

“Ni siquiera a Cristina Kirchner se le ocurrió algo tan disparatado, ¿qué hubiéramos dicho si lo hacía ella? Me da mucha tristeza porque todos los pasos que dio Macri me han emocionado hasta las lágrimas y esto me horroriza”, sentenció el constitucionalista Daniel Sabsay, un férreo opositor del kirchnerismo.

Macri designó sin acuerdo del Senado al ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Horacio Daniel Rosatti, y al rector de la Universidad de San Andrés, Carlos Fernando Rosenkrantz, como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cubrir dos cargos vacantes en el máximo tribunal.

El mandatario se escudó en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución, que sostiene que una de las atribuciones del Jefe de Estado es la de “llenar vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”. Por ello, los dos jueces designados a dedo por Macri tendrán mandato solo hasta el 30 de noviembre de 2016.

Si lo hubiese hecho la expresidenta, “hoy estaríamos diciendo que esto es una dictadura”, resumió el periodista Gustavo Silvestre en el canal de noticias C5N. El titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se excusó de opinar sobre el procedimiento.

El máximo tribunal funciona hoy con solo tres jueces y tiene dos vacantes ante las últimas renuncias de Carlos Fayt y Eugenio Zaffaroni. “Este decreto determina que el Poder Ejecutivo nombra a sus jueces. Por sí y ante sí. Me parece una barbaridad directamente. Esto no afecta la democracia, afecta a la República directamente. Y la democracia sin República puede ser un caos”, dijo Zaffaroni, quien renunció a su cargo tras cumplir 75 años, como marca la ley.

El anterior gobierno presentó este mismo año a varios candidatos a la Corte, pero retiró los pliegos por falta de consenso. La institucionalidad impone que el Poder Ejecutivo proponga sus postulantes para realizar una preselección. Luego, se hace la propuesta formal en un plazo de 30 días de producida la vacante y se publica el curriculum de los candidatos en el Boletín Oficial y en al menos dos diarios de circulación nacional durante tres días. Cualquier ciudadano, entidad u ONG puede impugnarlos y 15 días después el gobierno eleva la lista al Senado. Se requieren los 2/3 de los votos de la Cámara Alta para aprobar una designación del máximo tribunal. Macri ignoró todos estos procedimientos.

Sabsay dijo que se trata de una medida de una “inconstitucionalidad manifiesta. El inciso 99 del artículo 19, cuando dice que se puede designar en comisión empleos que requieren acuerdo del Senado, habla de empleos del Poder Ejecutivo como embajadores o altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Nunca, de ninguna manera, es la cabeza de otro poder (del Estado). ¿Qué grado de independencia pueden tener personas que solo dependen del dedo del Poder Ejecutivo?”, se preguntó.

Desde el kirchnerista Frente para la Victoria (FpV), la diputada Juliana Di Tulli advirtió que esta es “una decisión de otro siglo propia de dictadores y no de un presidente democrático elegido por el pueblo”.

En el gobierno intentaron justificar lo injustificable. El ministro de Justicia, Germán Garavano, llegó a admitir que no estuvo de acuerdo con la medida. “Yo le planteé mis reparos, pero él (por Macri) tomó la decisión”, reconoció, en una inusual confesión de parte.

La decisión trajo además  los primeros roces en el interior de la alianza Cambiemos que llevó al poder a Macri. En su principal aliado, la centenaria Unión Cívica Radical, se escucharon críticas. El diputado Ricardo Gil dijo: “Desde el punto de vista de las reglas, es insostenible porque es inconstitucional”. (I)