El gobierno de Mauricio Macri tiene a los inmigrantes de países vecinos bajo un manto de sospecha. El propio presidente es hijo de inmigrantes, pero italianos, como la mayoría de los argentinos. Una investigación de 2006 estableció que la contribución europea a la mezcla genética del país austral es del 79,9%. ¿De dónde vienen tus abuelos? es una pregunta habitual, en especial entre la influyente clase media.

Pero en las últimas décadas se detuvo la corriente migratoria europea y comenzó otra más silenciosa y empobrecida, la que viene por tierra a través de las fronteras con Bolivia y Paraguay, o más recientemente en vuelos desde Colombia o Perú. Hoy se estima que más de la mitad de los habitantes de las denominadas “villas miseria” son extranjeros. El color de piel ha pasado a ser un distintivo social, dando paso a brotes de xenofobia y racismo incluso contra argentinos mestizos a los que muchos denominan despectivamente “negros”.

Y cuando la violencia se incrementa por factores relacionados a la realidad social o educativa, comienzan a escucharse voces que endilgan responsabilidades a la inmigración. El presidente ha puesto el ojo en este punto. En especial en el narcotráfico, dominado por “capos” peruanos en barrios carenciados, o “narcos” colombianos y mexicanos en residencias lujosas en la rica zona norte bonaerense.

“No podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir. Necesitamos articular con los demás países para saber quién es quién”, sostuvo Macri.

El tema cobró voltaje tras el crimen de Brian Aguinaco, de solo 14 años, en el barrio de Flores, cuna del papa Francisco. Brian fue baleado el 29 de diciembre por “motochorros” (delincuentes en moto) al quedar en medio de un tiroteo. El presunto autor del crimen es otro adolescente llamado Brian Joel Cruz González, de 15 años y nacionalidad peruana, considerado inimputable por la ley argentina al ser menor de edad.

El caso disparó el debate para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El Gobierno quiere convocar a una comisión especial para diagramar un anteproyecto de reforma de la ley.

Tras el homicidio, el padre del acusado se lo llevó a Chile, donde fue enviado de regreso a la Argentina. Las autoridades finalmente lo deportaron a Perú, donde hoy vive con sus abuelos.

“Mi hijo fue señalado por toda la Argentina. Los canales (de TV) y los diarios lo presentaron como un delincuente terrible. Dieron su nombre, mostraron su cara, hasta el día de hoy, en Perú, lo siguen persiguiendo. La Policía merodea la casa y los periodistas le golpean la puerta para que salga. El daño psicológico que le hicieron es grande. Lo destruyeron a él y a toda la familia”, dijo su madre, Adriana Gonzales Cuadrado, quien cumple prisión domiciliaria luego de un juicio abreviado por una causa de drogas.

La mujer dijo que su hijo es inocente y denunció que es víctima de discriminación. “Tuve que cerrar mi Facebook por todas las cosas horribles que la gente escribía”, aseguró. (I)

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Buenos Aires no exige visado a las naciones sudamericanas

El Gobierno plantea implementación de la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo

La intención del Gobierno es restringir el ingreso de extranjeros con prontuario delictivo. “Una persona que tiene antecedentes en su país, no puede entrar a la Argentina. Por eso queremos tener una base de datos para poder analizar quién es el que llega, especialmente con aquellos países cuyo volumen de migración es importante”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El Gobierno prepara una batería de medidas que incluyen inversión en infraestructura en pasos fronterizos para reforzar los controles migratorios, una profunda renovación informática y mejorar el sistema de conectividad para detectar antecedentes penales y pedidos de captura de quienes lleguen al país. Además, habrá cuestionarios más estrictos, se implementará la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo y se buscará acelerar la expulsión de inmigrantes irregulares y habilitar centros de retención hasta efectivizar las deportaciones. Y todo a través de un decreto presidencial.

En síntesis, se busca endurecer los requisitos para ingresar al país, aunque en el Mercosur (Paraguay, Uruguay, Venezuela, Brasil y Argentina) rige el libre tránsito de personas y el derecho a obtener residencia legal. Además Buenos Aires no exige visado al resto de las naciones sudamericanas.

Pero las medidas de Macri no solo encuentran eco en una clase media que se caracteriza por una importante carga discriminatoria hacia inmigrantes de países vecinos, con excepción del “hermano” uruguayo o los vecinos brasileños, vistos con simpatía por su característica alegría y a los que solo los separa el fútbol.

El jefe de senadores del bloque “kirchnerista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, dijo que Argentina “siempre funcionó como ajuste social de Bolivia y delictivo de Perú” por la falta de controles inmigratorios.

Horacio García, director de Migraciones, aclaró: “no queremos fomentar ánimos xenófobos, que están en la sociedad. Nuestro adversario a vencer es la migración irregular, no el inmigrante”, dijo.

La diputada nacional opositora Margarita Stolbizer (GEN, centroizquierda), pidió “ser cuidadosos con el tema. Si las restricciones son para personas con antecedentes penales puede ser razonable, pero ojo con poner barreras discriminatorias en las fronteras en un país cuya Constitución declara la apertura a la inmigración”, advirtió.

Su colega Juan Cabandié, del “kirchnerista” Frente para la Victoria, secundó: “Argentina es un país de inmigrantes por definición. En tiempos en que en el mundo vemos el crecimiento de la xenofobia, debemos reivindicar a nuestro país como un modelo muy exitoso de integración y convivencia”.

“Por eso hay que tener mucho cuidado con estos discursos que buscan ligar inmigración y delito. Nadie está en contra, obviamente, del control migratorio, pero cuando se agitan estos fantasmas xenófobos hay que poner mucha atención”, concluyó.