El presidente argentino, Mauricio Macri, sostuvo este lunes que la huelga general declarada por las tres centrales obreras "no ayuda en nada" y consideró que "hay comportamientos mafiosos" en sindicalistas que paralizarán el país el jueves.

"Que nadie se crea el dueño del país y del futuro, poniendo palos en la rueda sistemáticamente", dijo en un tono más duro que el habitual en sus discursos, al presentar un plan de vivienda en la Casa Rosada (gobierno).

Las dos centrales CTA y la mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT), controlada por el opositor peronismo, realizarán "un paro contundente" contra la política económica y laboral del gobierno, dijo el lunes al canal de TV 26 uno de los líderes, Pablo Moyano.

"Respeto la decisión de parar, pero no la entiendo y no ayuda en nada a los trabajadores. Hay comportamientos mafiosos en sindicatos, empresas, política y justicia. Por suerte son minoría, pero hay que combatirlos", dijo Macri.

El paro nacional es el corolario de 6 masivas manifestaciones opositoras en marzo de obreros industriales, educadores, trabajadores estatales y defensores de los derechos humanos.

Oficialistas se convocaron el sábado por las redes sociales y decenas de miles de personas apoyaron a Macri. El presidente dijo que la marcha progubernamental lo llenó "de orgullo".

"Con más convicción que nunca les vamos a sacar el futuro a esos mafiosos a los que les ha ido bien con este modelo que acumula pobreza. La huelga le costará al país más de 15.000 millones de pesos ($ 930 millones)", criticó.

La pobreza aflige a un tercio de la población de 42 millones de habitantes, según estadísticas oficiales. La economía se desplomó 2,3% el año pasado aunque algunos sectores dieron señales de una tibia recuperación en enero.

Pero los indicadores oficiales de producción industrial y de la construcción se derrumbaron 6,0% y 3,4%, respectivamente en febrero, según la comparación interanual.

En 16 meses de gobierno macrista, la inflación superó el 40%. El alza se atenuó hacia finales de 2016. Sin embargo, podría rondar el 25% este año, según consultoras económicas. El gobierno sostiene que la inflación será de 17% en 2017 e intenta poner ese tope a los aumentos de salarios.

Los gremios, en cambio, reclaman una recomposición por el desborde inflacionario, en negociaciones libres con las empresas, como lo marca la ley.

Unas 250.000 personas han perdido sus empleos el año pasado y este año el ritmo de despidos se mantiene, según informes de la consultora Centro de Economía Política (CEPA).

Las centrales obreras representan a unos 7 millones de trabajadores sindicalizados, sobre una fuerza laboral de 11 millones. (I)