El Senado argentino rechazó por 38 votos contra 31 y dos abstenciones el proyecto de ley del aborto que tenía media sanción de Diputados, pero el Congreso abrirá nuevamente este mes el debate con un plan de reforma del Código Penal que pondría fin a la criminalización de las mujeres que decidan interrumpir sus embarazos.

En resumen, se buscará un equilibrio entre la situación actual, regida por una ley de 1921 y la fallida legalización del aborto que preveía el proyecto de ley que no sorteó la vara de la Cámara baja. La asistencia médica garantizada por parte del Estado quedaría limitada entonces a los casos de violación y riesgo de vida de la mujer y no a todas aquellas que decidieran interrumpir su gravidez.

La derrota del sector “pro-aborto”, identificado con pañuelos verdes” frente a los celestes” del sector que se autodefinió “provida”, llevó al gobierno de Mauricio Macri a buscar un punto de equilibrio en una delicada cuestión que dividió en dos al país del papa Francisco.

Por ello, el 21 de este mes el Poder Ejecutivo enviará al Senado el proyecto de reforma del Código Penal que dejará sin efecto la criminalización de la mujer que se practique un aborto en cualquier caso.

Este nuevo plan fue elaborado por una comisión de jueces y fiscales presidida por el camarista de Casación Penal, Mariano Borinsky, tras más de un año de labor. El objetivo fue contemplar todos los derechos constitucionales en juego, como el derecho a la vida y el derecho a la libre disponibilidad del cuerpo de la mujer y a su autonomía personal.

El proyecto mantiene el aborto como delito, pero amplía las excepciones previstas por el actual Código Penal. El punto central declara no punible a la mujer que cause su propio aborto o permita a otro que se lo practique. De esa manera se terminaría en el país austral la criminalización de la mujer que interrumpa su embarazo. Y no son pocas las mujeres tras las rejas por esa causa. Entre 2007 y 2017, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, fueron condenadas 63 personas por distintos tipos de delitos relacionados con el aborto.

Pero habrá más. El proyecto oficial establece que cualquier mujer podrá interrumpir su embarazo en caso de que este provenga de un abuso sexual, sin necesidad de recurrir a la justicia, en base a un fallo de la Corte Suprema que sentó jurisprudencia. En la reforma se mantienen no punibles y con obligación de prestar ayuda médica del Estado los casos en los que se verifique riesgo para la vida o la salud tanto física como mental de la mujer.

“Todos aprendimos mucho. Que esto no nos divida, celebremos lo que nos unió. Sigue el desafío de fortalecer los derechos de las mujeres, el acceso a la salud, la prevención y educación sexual”, dijo el jefe de gabinete, Marcos Peña, tras el triunfo del “no” en el Senado.

Pero el debate sobre el aborto no unió sino que dividió más a la sociedad. Tal vez el único punto en común sea la no criminalización de la mujer que aborta, y por allí avanzaría la reforma del Código Penal. Pero se trata de un punto que no conformará al sector “verde”, si bien no es visto con malos ojos por el “celeste”. Por ello, se considera que el nuevo plan tiene buenas posibilidades de sortear el Senado, más conservador que Diputados.

Lo único concreto es que el tema del aborto ha quedado instalado en forma definitiva en la sociedad argentina, que ya ha aprobado leyes “progresistas”, como el matrimonio igualitario y una revolucionaria ley de género que permite a cualquier persona elegir en su documento el sexo con el cual mejor se identifique sin necesidad de una intervención quirúrgica y con un simple trámite burocrático.

El “no” del Senado le puso un freno al debate, pero todo hace prever que este es solo el comienzo. El Congreso deberá esperar un año para tratar nuevamente el proyecto y  2019 será un año electoral que elegirá al nuevo presidente. “Nadie podrá detener a esta ola verde”, resumió la diputada de centroizquierda e hija de desaparecidos, Victoria Donda. (I)