El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil lanzó una contraofensiva comunicacional para intentar evitar que el megaescándalo de corrupción en Petrobras afecte la administración de Dilma Rousseff. Además este hecho puede ser usado por la oposición, para iniciar un juicio político contra la mandataria.

Electa en octubre pasado y con su segundo mandato en enero, la aprobación presidencial cayó del 44% registrado en diciembre al 23% en febrero, según una encuesta de Datafolha.

“Buscan la desestabilización y el caos”, avisó la semana pasada el expresidente Luiz Inácio  Lula da Silva (2003-2010), durante el acto de los 35 años de la fundación del Partido de los Trabajadores en Belo Horizonte, en el cual pidió “humildad” para corregir rumbos y más compromiso militante a los cuadros políticos. Al lado estaba el presidente uruguayo José Pepe Mujica.

El PT se encuentra en un momento frágil, así como Rousseff: el juez Sergio Moro, que investiga desde hace casi un año los sobornos pagados por empresas constructoras para ganar contratos en la empresa estatal de petróleo Petrobras, es actualmente el hombre más poderoso del país.

Hizo acuerdos con 3 detenidos, confesos, entre ellos 2 exdirectivos de Petrobras,  que aceptaron recibir sobornos del 3% de obras millonarias.  

Las declaraciones de los detenidos y acusados, que hicieron un acuerdo de delación premiada, están dictando el ritmo de la agenda mediática y política del país.

Además del gobernante PT, involucra a fuerzas aliadas como el Partido Progresista y el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), del vicepresidente Michel Temer. Pero también a figuras del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña.

Prácticamente durante todo el gobierno de Lula, Rousseff fue además de ministra presidenta del Consejo de Administración de Petrobras. Es por eso que hay voces que le reclaman por la corrupción. “Los negocios los corruptos los hicieron por fuera de la empresa”, dijo esta semana José Sergio Gabrielli, presidente de Petrobras en la era Lula.

Una parte del PMDB está integrada por políticos ultraconservadores que responden al poder evangélico, de los medios de comunicación privados y que juegan en contra de la reforma política que desde las calles se reclama desde 2013.

En ese contexto fue elegido presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, un militante contra la ley de medios de comunicación y de aborto. Cunha juró esta semana que no está moviendo articulaciones para un juicio político contra Rousseff.

Esta semana, el presidente del PT, Rui Falcao, pidió a la policía federal y al ministerio público una investigación interna para determinar si el juez Moro está restringiendo la investigación al gobierno de Lula y de Dilma Rousseff y está evitando investigar la cadena de corrupción entre las empresas constructoras y Petrobras en la época de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

Falcao sostiene que existe un intento de “criminalizar” al Partido de los Trabajadores, sobre todo desde que uno de los abogados de Cardoso admitió que está preparando un parecer jurídico sobre el impeachment  (destitución) contra Dilma Rousseff. Desde que asumió el cargo y con el caso Petrobras de fondo, la popularidad de Rousseff no paró de caer. Perdió aliados de izquierda al designar a un neoliberal como Joaquim Levy en Economía y desde la derecha le han copado el control del Congreso.

El desfalco a Petrobras en la última década fue por $ 891 millones en coimas, según el último informe del Ministerio Público.

Estos funcionarios involucraron al tesorero del PT, Joao Vaccari Neto, de formar parte de la red de coimas y de usarlas para financiar al partido.

El tesorero lo niega, pero el PT está marcado en financiar ilegalmente campañas, lo que se llamó vulgarmente como Mensalao, por el que fue condenado por corrupción José Dirceu, exjefe de ministros de Lula y vanguardia de la izquierda brasileña que resistió a la dictadura en los años 60 y 70.

El candidato derrotado en las elecciones, Aecio Neves, del PSDB, reconoció que existe “en la sociedad tamaña indignación” que “no es delito hablar sobre el impeachment” de Dilma. “El tema no está en la agenda de nuestro partido”, sostuvo Neves, el senador. Cassio Cunha Lima, senador del PSDB, dijo en el plenario que el Congreso debía abordar el tema.

En medio de las denuncias contra el PT y sobre todo la falta de articulación del gobierno, que ha mantenido a Lula la margen hasta el momento,  la solución dada por Rousseff a sus ministros es una orden de defender al gobierno en los medios de comunicación, aunque la pregunta que se impone es en cuáles, teniendo en cuenta que los principales órganos de prensa escrita, radial y televisiva, están alineadas con la oposición.