Tierra arrasada. Así quiere hacer ver la oposición brasileña la situación económica para apuntalar una ola de ajustes en los planes sociales  en caso de que el vicepresidente Michel Temer decida hoy su ruptura con la presidenta Dilma Rousseff. El Segundo Mandatario lidera el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB).

El PMDB acompaña a Rousseff desde 2010, tiene 7 ministerios, domina las dos cámaras del Congreso y posee una amplia gama ideológica. Hoy el directorio del partido define su alejamiento del gobierno para darle curso al juicio político contra Rousseff.

Miembros del PMDB, como la ministra de Agricultura, Katia Abreu, sostienen que no hay motivos para el juicio político abierto por Eduardo Cunha, el jefe de Diputados que también forma parte de la agrupación. Este político es investigado en Suiza por cuatro cuentas secretas en las que recibió $ 5 millones, aparentemente por sobornos en contratos vinculados a constructoras y a Petrobras.

Temer prepara un plan de gobierno para agradar a quienes alientan la restauración neoliberal, que incluye la reducción de fondos destinados a los programas sociales y agendar la reforma del sistema jubilatorio y laboral, además de privatizaciones.

“Evaluamos medidas del área social que puedan beneficiar a la población, luchar contra la pobreza pero al mismo tiempo mantener el equilibrio fiscal y la salud de las cuentas públicas. Son medidas que ya fueron usadas en Brasil y que son adoptadas en varios países”, dijo el exministro y es gobernador de Río de Janeiro, Moreira Franco, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB). Él es la mano derecha de Temer.

La salida del PMDB agravaría más la situación de Rousseff porque restaría votos en el juicio político. “Queremos la paz, pero estamos preparados para la guerra”, dijo Rui Falcao, presidente del Partido de los Trabajadores (PT), que convoca para el 31 de este mes a una marcha contra el golpe. “Brasil está al borde de un gobierno autoritario”.

En diálogo con el diario O Estado de Sao Paulo, el articulador del PMDB, Moreira Franco, quien fue ministro de Rousseff en las carteras de Asuntos Estratégicos y Aviación Civil, reveló la existencia de un plan económico contra el modelo del Partido de los Trabajadores en caso de que Temer asuma el poder. El texto llamado “Un Puente para el Futuro” promueve el regreso de las privatizaciones, nuevas metas fiscales y una ley que fije techos en el uso de recursos públicos.

Franco apuntó sobre uno de los planes principales de Rousseff: Mi Casa Mi Vida. Afirma que su forma de financiamiento será revisada, ya que se realiza con el Fondo de Garantía de Servicios (FGTS), que son los encargos patronales para las cuentas de los trabajadores que funcionan como indemnización cuando termina el contrato.

“No se puede jugar con el dinero ajeno”, sostuvo el exministro de Rousseff, hoy convertido en articulador de un eventual gobierno de Temer hasta las elecciones de 2018. Franco promueve la “meritocracia” en la concesión de ayudas y subsidios a los alumnos de baja renta y afrodescendientes que se impulsa desde 2003 en Brasil.

Según ‘O Estado de Sao Paulo’, el PMDB tiene en discusión si elimina la gratuidad de universidades federales y concentra la ayuda social apenas al 10% más pobres. Es en Río de Janeiro donde se concentra el gran poder del partido de Temer. El vicepresidente votará a favor de salir del gobierno y dar vía libre al juicio político.

Pero dentro del partido que siempre ha apoyado a los gobiernos de turno existen distintas vertientes. “Yo creo que es apresurado tomar decisiones tajantes frente a un momento crítico del país”, afirmó Eduardo Braga, ministro de Minas y Energía y militante del PMDB. Élse opone a la ruptura.

El promotor del juicio político contra Rousseff es el procesado por corrupción Eduardo Cunha. Él decidió en diciembre darle curso a un pedido de juicio político luego de que el Partido de los Trabajadores votara a favor de iniciarle un proceso en el consejo de ética de la Cámara de Diputados.

Esta semana, la presidenta Dilma Rousseff deberá preparar su defensa para presentarla en la comisión de juicio político en el Congreso, mientras negocia con otros partidos llegar al número mágico de 172 diputados para evitar elevar el juicio político a votación definitiva. (I)