Un terremoto político sin precedentes se abatió sobre Brasil: por orden de la justicia, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue llevado por la Policía forzado a declarar por su vinculación con las empresas constructoras que están siendo juzgadas por recibir ventajas en contratos de Petrobras.

El caso causó la polarización del país: en las calles simpatizantes de la izquierda y del Partido de los Trabajadores (PT) defendieron a Lula y muchos de ellos se enfrentaron con los grupos opositores, que salieron a defender al juez del caso, Sergio Moro. “Es pirotecnia mediática. No debo y no temo”, subrayó Lula luego de declarar por 3 horas, tras ser llevado en forma forzada por agentes de la Policía Federal. “Me sentí prisionero”, sostuvo Lula. Y adelantó: “No bajaré la cabeza, quisieron matar golpeando a la cabeza de este animal, pero le pegaron a la cola, este animal sigue vivo”.

El exmandatario fue interrogado en el aeropuerto de Congonhas (Sao Paulo) y luego se encaminó hacia la sede del PT, donde trazó los pasos a seguir con la dirigencia del partido, que calificó de “golpista” el accionar del juez Moro y la Policía Federal.

“No puede haber nadie encima de la ley”, dijo desde la sureña ciudad de Curitiba el acusador, el fiscal Carlos Dos Santos Lima, al afirmar que pidió la investigación contra Lula y sus familiares y amigos para determinar si recibió “ventajas indebidas” por parte de 5 constructoras que se beneficiaron de la red de corrupción y sobornos en Petrobras.

Llevar a Lula por la fuerza fue algo “innecesario”, afirmó la presidenta Dilma Rousseff, a quien parte de la oposición le reclama la renuncia. También la central industrial más poderosa de Sudamérica, la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) pidió la renuncia de Dilma. A la vez que Lula declaraba, la Bolsa de Valores de Sao Paulo registró subas históricas en las acciones: las de Petrobras subieron 14% y el dólar experimentó una fuerte caída.

El objetivo son dos propiedades que no son de Lula, pero el Ministerio Público sospecha que las refacciones edilicias allí realizadas por las empresas Odebrecht y OAS sean parte del pago de estas “ventajas contra Lula”.

Lula se despertó ayer, a las 06:00, con agentes de la Policía Federal con armas automáticas en la puerta de su apartamento en Sao Bernardo do Campo, Gran Sao Paulo, donde reside y forjó su carrera sindical en los años 70. “Fueron muy corteses, pero me sentí ultrajado”, subrayó el exmandatario.

El expresidente se defendió al afirmar que una parte de la investigación radica en las conferencias que él ofrece en el Instituto Lula: casi la mitad de las conferencias que dio Lula fueron pagadas por empresas constructoras, según el fiscal. “Estas empresas son grandes, emplean a 200.000 personas. No todo está asociado a Petrobras. Si fuera así, el impuesto que pagaban las empresas pagan los salarios de los fiscales”, sostuvo Lula, quien afirmó que no posee un apartamento en Guarujã.

La operación se extendió con allanamientos en los domicilios de tres hijos de Lula y en dirigentes del Instituto Lula, el centro de estudios para América Latina y África que funciona en Sao Paulo desde hace dos décadas. “Cobraba las conferencias igual que Clinton. Cuando viene Clinton lo aplauden, a mí me acusan, no puedo porque soy del piso de abajo, por el complejo de inferioridad de la elite brasileña”

“La elite de este país no permite que el pueblo avance. No dejan subir a los del piso de abajo. Hoy ser amigo de Lula es peligroso, es necesario criminalizar al PT porque ellos piensan que podemos seguir en el gobierno”, sostuvo.

La interpretación de Lula es que la declaración forzada sobre el tráfico de influencias y lavado de dinero tiene un costado mediático: recordó que el juez Moro visitó las sedes de la cadena Globo y la revista Veja, que lo han premiado por su trabajo en el caso Petrobras.

Lula, quien dijo sentirse prisionero, recordó que el luchó contra la dictadura con las huelgas en el Gran SaoPaulo. El metalúrgico estuvo preso desde el 19 de abril y el 20 de mayo de 1980. “Le pido al PT que si yo tomé dinero que no me corresponde, me eche”, reclamó.

La situación política contra el PT -que tiene preso a un ex tesorero del partido y al ex ministro José Dirceu- salió a la calle. En el aeropuerto donde se dio la declaración de Lula, partidarios y detractores de derecha intercambiaron golpes. Lo mismo en Sao Bernardo do Campo.

En el plano político, la operación contra Lula -que había sido anticipada por EL TELÉGRAFO- el fin de semana pasado, le quita aliento a la presidenta Rousseff, quien debe luchar contra la falta de confianza y resurgir una economía en recesión. En 2015 el Producto Interno Bruto cayó 3,8%.

En ese sentido, Lula afirmó en conferencia de prensa posterior a los procedimientos que “el país no puede seguir así, que los jueces sean premiados por la red Globo o la revista Veja y ellos reciban información antes que los abogados”.

Pero fue enfático en afirmar que su gobierno le dio autonomía al Poder Judicial y al ministerio público: “La única persona que necesita autonomía en este país es la presidenta Dilma, están cercenando la libertad de Dilma de gobernar este país”.

Frente a la manifestación opositora del próximo 13 de marzo para pedir el juicio político de Rousseff, existe el riesgo de una “venezuelización” en las calles, dijo el analista Kennedy Alencar.

La misma opinión es de Roberto Romano, cientista de la Universidad de Campinas (Unicamp): “Esta acción contra Lula puede radicalizar a Brasil porque lo que está ocurriendo es inédito. Esto perjudica a Dilma porque Lula es su tutor”, evaluó y agregó que Lula puede “surgir una imagen de perseguido, por haber sido el primer presidente obrero, que implementó la ayuda social universal en el país”.

Citado 3 veces por corruptos confesos como destinatario de recursos irregulares, el senador opositor Aecio Neves, quien no está investigado, afirmó que hay que respaldar a las investigaciones del juez Moro y defendió el alejamiento de Rousseff del cargo. “Los graves indicios de irregularidades y crímenes cometidos a la sombra del proyecto del poder del PT finalmente están saliendo a la luz”, afirmó el titular del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

El PT reaccionó en forma dura contra el juez Moro: “El festival de investigaciones selectica y el atropello a las garantías evidencian que la nación está siendo sangrada por la construcción de un régimen de excepción bajo el comando de fuerzas conservadoras que quieren volver al gobierno a cualquier costo”.

“Estos mismos grupos reaccionarios antes recorrían a los cuarteles pero ahora incluyen a enemigos de la democracia en los tribunales, Ministerio público y Policía, estimulados y protegidos por la prensa monopólica”, dice Rui Falcao, presidente del PT, en un comunicado. (I)

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El país está polarizado

La oposición sostiene campaña de desprestigio

El Partido de los Trabajadores (PT) es objeto de ataques de la derecha que intenta responsabilizarlo de un fraude masivo en el gigante petrolero estatal, Petrobras. Después de los resultados electorales que reeligieron a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, una fuerte polarización marca desde 2015 el escenario político en el país suramericano.

Tanto la jefa de Estado como el expresidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT), Lula da Silva, enfrentan en la actualidad una campaña de desprestigio por parte de sectores opositores que buscan generar una situación de ingobernabilidad en el país, acusándolos de ser los responsables del fraude masivo en Petrobras. Pero la comisión parlamentaria brasileña, encargada de la investigación de corrupción en la petrolera estatal, eximió a ambos líderes de toda responsabilidad en el caso por no encontrar pruebas en su contra.

El 26 de octubre de 2014 Rousseff fue reelegida como presidenta de Brasil con el 51,64% de los votos en una segunda vuelta de elecciones generales y desde entonces la nación ha registrado una importante disminución de los niveles de pobreza y un significativo crecimiento de las clases medias de la población debido, principalmente, al aumento de los puestos de trabajo y a la puesta en práctica de unas iniciativas de inclusión sin precedentes. (I)