Desde que asumió el gobierno en marzo de 2014, la presidenta Michelle Bachelet ha llevado adelante importantes cambios en materia educacional. Así, su primera reforma en esta área apuntó a la enseñanza primaria y secundaria, con la ley de inclusión escolar que puso fin al copago y al lucro en escuelas que reciben financiamiento estatal.

Luego el cambio apostó a la educación superior, pero en este ámbito se generaron los mayores problemas y un alto rechazo porque la propia mandataria prometió gratuidad universal, medida que está lejos de cumplirse y por eso los universitarios volvieron a las calles el martes.

Al comienzo de su mandato, Bachelet se comprometió a alcanzar la gratuidad universal, pero luego retrocedió y condicionó el beneficio -o derecho- al crecimiento económico del país. Actualmente, solo 95.000 jóvenes estudian de manera totalmente gratuita, mientras que otros 55.000 estarían en condiciones de sumarse a este beneficio si cumplen los requisitos. Estos estudiantes, un porcentaje menor en relación al universo de los alumnos universitarios, pertenecen a las familias del 50% más pobre del país.

La reforma de educación superior, propuesta por Bachelet, deja sin gratuidad a los universitarios con ingresos superiores a $ 300, quienes pueden optar por becas o al llamado Crédito con Aval del Estado (CAE), creado en el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006). Pero, además, condiciona la gratuidad universal a alzar ingresos estructurales del 29,5% del Producto Interno Bruto (PIB) tendencial. El problema es que en 2018 será de 23%.

Es por esto que alrededor de 100.000 universitarios decidieron salir a las calles de las principales ciudades del país, en el día que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados debía votar la idea de legislar la iniciativa del gobierno. La idea de legislar fue rechazada porque Camila Vallejo, exdirigente estudiantil y actual diputada comunista, se abstuvo. Así, la Cámara Baja debatía ayer los pasos por seguir. No se descartaba que la reforma se suspenda  este año, lo que sería un triunfo para el movimiento estudiantil.

“La reforma debe consagrar nuestros derechos y abarcar las propuestas del mundo estudiantil. No puede ser que no se nos escuche. Le pedimos a la presidenta que integre las demandas del mundo estudiantil”, afirmó la vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Sandra Beltrami.

Por eso el “movimiento estudiantil” llamó a los legisladores a rechazar la idea de legislar. “Esta marcha es para constatar la crisis educacional, pero también para interpelar a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, para que dé respuestas claras, coherentes y transparentes frente a la ciudadanía respecto a nuestras indicaciones”, afirmó Daniel Andrade, otro portavoz de la Confech.

Se estima que actualmente el número de estudiantes con deudas millonarias asciende a nada menos que 1’000.000 de jóvenes. En 2011, el año de las masivas movilizaciones universitarias, los endeudados llegaban a 400.000.

Al mismo tiempo, si bien 44 instituciones de nivel superior han adscrito a la gratuidad, las carreras profesionales en Chile tienen costos elevados, que van desde $ 3.700 hasta $ 11.000 anuales, tanto en los planteles públicos como en los privados.

Finalmente, la reforma de educación superior es tan enredada y compleja que en Chile una universidad pública no es gratuita y termina siendo costosa para la mayoría, mientras que ahora la universidad privada es igualmente costosa que una del Estado, se puede estudiar de manera gratuita siempre que esta entidad haya adscrito a la gratuidad y los estudiantes cumplan los requisitos. Además, el movimiento estudiantil critica el hecho de que la gratuidad se ha quedado afuera tanto los universitarios de clase media baja como los de clase media, es decir, la mayoría.

Respecto a la ‘Beca Gratuidad’ cabe señalar que, si bien ha llegado un número importante de estudiantes, está lejano a las promesas iniciales de su gobierno ya que mantiene la lógica del voucher y deja a la libre elección de cada autoridad la permanencia en el sistema.

Así y todo, Bachelet defendió su reforma en marzo pasado al señalar que “hemos garantizado que al menos la mitad de los estudiantes que corresponden a los deciles más vulnerables accedan a este derecho (gratuidad)”. (I)

DATOS

Propone un marco de financiamiento para asegurar la gratuidad universal en el acceso a la educación superior. Las universidades estatales tomarán un papel especial, con un apoyo preferente garantizado por la ley.

Funda una nueva institucionalidad, la cual exigirá la acreditación obligatoria de todas las instituciones de educación superior y tendrá una subsecretaría, una superintendencia y un consejo de calidad.

Plantea la instauración de mejoras en el sistema de admisión realizando una revisión exhaustiva de la Prueba de Selección Universitaria (PS).  

Pretende la gratuidad universitaria para el 60% de los estudiantes más pobres al final del mandato de Bachelet en el año 2018 y alcanzar el 100% en años posteriores, pero estará sujeto al crecimiento. (I)