No ha sido la mejor semana para el gobierno de Mauricio Macri.  Docentes, trabajadores y mujeres protagonizaron tres días seguidos de masivas movilizaciones que ocuparon las calles de la Capital y centenares de ciudades como hacía mucho tiempo no se veía. Aunque se tratan de reclamos diferentes todo confluye en la crítica a un modelo que no representa los intereses de las grandes mayorías.

Si bien el gobierno tiene un rumbo claro en términos económicos basado en el endeudamiento externo (77 mil millones de dólares en 15 meses), reducción del déficit fiscal por la vía  del ajuste y disminución de la inflación a través del freno al consumo y el techo en la discusión salarial, 15 meses después de su llegada a la Casa Rosada lo encuentra sin resultados y con fuertes dilemas que describiremos a continuación.

Dilema 1: Conflictividad

El gobierno nacional sabe que sus políticas económicas generarán desigualdad y exclusión. El lema “Pobreza Cero” utilizado en campaña choca con una realidad que, según el informe presentado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, desde que Mauricio Macri asumió la presidencia se generaron 1.500.000 nuevos pobres y 600.000 indigentes. En septiembre del año pasado Macri dijo en una conferencia de prensa en la que se informaron los datos de pobreza del INDEC (luego de años sin ser medidos) que con  esos “datos reales” esperaba ser evaluado a partir de ese momento. Bueno bien, Macri está siendo evaluado entonces.

Asimismo, otro dato conocido es el de la inflación del mes de febrero. El Índice Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que fue de 2,5 por ciento, un número más elevado que el presentado por la Universidad Metropolitana de Trabajadores (2,1) a principios de esta semana. Este alza de precios proyectado de manera anual superarían el 25 por ciento para este año. ¿Mantendrá el gobierno la estrategia de poner un techo de aumento salarial del 18 por ciento en función de una inflación proyectada en el presupuesto de entre 12 y 17? Como vemos parece tan solo un sueño.

Con la pobreza en aumento, la inflación sin freno y la economía recesión, es lógico que los sectores más postergados empiecen a alzar su voz. Por eso, desde el principio, el gobierno construyó dos diques de contención de la conflictividad: uno con el triunvirato de la CGT y otro con los Movimientos Sociales. ¿Para resolver problemas estructurales? No, solo para que la sangre no llegue al río. En ese sentido, la conducción gremial pospuso (y lo sigue posponiendo) un paro a general a pesar de los 250 mil despidos y suspensiones en estos 15 meses de gestión. Pero esta cordialidad de la cúpula tuvo su quiebre durante la marcha que tuvo a 500 mil trabajadores protestando por la política económica del gobierno y que al grito de “paro general” dejaron expuesta la necesidad de contar con una Central obrera más combativa que represente los intereses de los trabajadores. La CGT definirá en una reunión de Confederal los pasos a seguir aunque se sabe que los tres dirigentes sindicales tienen los días contados….y eso no deja dormir al gobierno.

En el caso de los Movimientos Sociales se logró acordar la sanción de la Ley de Emergencia Social que crea el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario. Esta medida establece un presupuesto de 10 millones por año hasta el 2019, el equivalente a una asignación de 4 mil pesos por mes para cada persona.

Tres meses después de su aprobación y el día siguiente de conocerse los datos de pobreza, el gobierno decidió reglamentar la ley e impedir una movilización de las organizaciones sociales a la sede del Ministerio de Desarrollo Social.

Macri necesita frenar cualquier tipo de conflicto social, y para tal fin, ese dique contención con la CGT y los Movimientos Sociales es fundamental. El interrogante es cuánto puede durar al ritmo que va la política económica. ¿Cuánto puede paliar la pobreza generada por este modelo por una Ley de Emergencia Social? ¿Cuánto puede demorarse un paro general en un contexto con 249.100 despidos y suspensiones en 15 meses?

Dilema dos: Unidad del peronismo

“No crean en los que nunca quisieron el cambio”, dijo el presidente Mauricio Macri en el cierre de su discurso en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación. Tanto este fragmento como el resto de su mensaje fue de clara confrontación con el Frente para la Victoria. Desde el gobierno piensan que polarizando con Cristina Fernández de Kirchner las posibilidades de una victoria en las elecciones aumentan. Esta tesis se fundamenta básicamente en tratar de mantener una base de apoyo decepcionada con la política de Macri pero que nunca se inclinarían por la ex presidente.

Ahora bien, el gobierno sabe que si de negociar gobernabilidad se habla es imprescindible la relación con el peronismo. Durante este año y tres meses, el gobierno logró operar sobre las divisiones del Frente para la Victoria en el Parlamento y disciplinó a gobernadores con recursos y obras. Esto le permitió aprobar leyes importantes (para el gobierno) como el acuerdo con los Fondos Buitre o la Ley de Participación Pública Privada que permite la libre asociación de empresas privadas en diferentes sectores sin el contralor del Estado, sin contar con mayoría en ninguna de las dos cámaras. Hubo dos episodios de unidad opositora en el Parlamento que derivó en dos vetos a la Ley antidespidos acordada con todas las centrales sindicales y la baja del impuesto a la ganancia que había sido una promesa de campaña del propio Mauricio Macri.

El 2017 comenzó diferente, y basta una foto para inquietar a la Casa Rosada. En el distrito bonaerense de San Vicente se reunieron todos los sectores del peronismo, desde los más combativos hasta los más ortodoxos.

Esa foto molesta porque un peronismo unido con Cristina Fernández de Kirchner como candidata es una competencia difícil de superar, especialmente en la provincia de Buenos Aires, el territorio mas importante del país.

El poder del peronismo unido se puede expresar en las urnas, en el parlamento, intendencias, gobernaciones y en la posibilidad de construir una propuesta competitiva para el 2019. Claro, para eso deberá discutir como representar ese malestar que crece contra Macri, corrigiendo errores del pasado y parándose desde una oposición sin matices al modelo económico de Cambiemos. En un escenario de polarización política el Frente Renovador de Sergio Massa pierde espacio como una especie de tercera vía y su pata peronista es en tema de disputa tanto para el justicialismo como para un sector del gobierno. Esto nos da pie para el tercer y último dilema.

Dilema tres: Estrategia defensiva

El gobierno tiene un problema interno que de no resolverlo rápido sufrirá las consecuencias. Se debate entre recluirse en lo propio o ampliar el espectro para ser más competitivo. Entre los que proponen una estrategia de achicamiento aparecen el Jefe de Gabinete Marcos Peña y el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba que sobre un núcleo más puro e independiente de los partidos tradicionales (peronismo y radicalismo) basan su política en la comunicación, el marketing político, la ofensiva judicial contra Cristina Fernández de Kirchner  y el relato de la “pesada herencia K”. Por otro lado, el Ministro del Interior Rogelio Frigerio y el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó plantean la idea de construir un mayor espacio de confluencia con las fuerzas aliadas y dirigentes peronistas para ampliar la base de sustentación y fortalecerse tanto en la gobernabilidad como en el armado electoral. Por lo que podemos observar el presidente optó la primera estrategia dando la posibilidad de que su primo Jorge Macri sea el candidato para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, profundizar el gabinete de CEOS y la campaña comunicacional por las redes sociales. Para ellos, este elemento y la buena imagen de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, alcanzan para derrotar a Cristina Fernández de Kirchner, un escenario que a todas luces parece un tanto inverosímil.

Pero tal vez el dilema más grande que tiene el gobierno de Mauricio Macri es el de la pérdida de credibilidad de sus propios electores. Según diferentes encuestadoras son cada vez más las personas que creen que la situación en el futuro puede ser peor, es decir, esta cayendo el nivel de expectativa de la sociedad.  A su vez, y ante la falta de cumplimiento del lema “Pobreza cero” hay que agregar los casos de corrupción que involucran al presidente y sus funcionarios.

La diferencia con la década menemista es que en aquel entonces la política estaba al servicio de un grupo de poderes económicos que se vieron favorecidos por el modelo de exclusión instaurado por la dictadura cívico-militar. Esta vez, el modelo es similar pero es un gobierno de empresarios y corporaciones para empresarios y corporaciones. El problema es que “el mejor equipo de los últimos 50  años” se encontró con graves conflicto de intereses entre sus funcionarios que no separaron del todo su vida privada (de negocios) con la nueva función pública.

El propio presidente estuvo involucrado en los Panama Papers y por querer condonar una millonaria de 4 mil millones de pesos de deuda a su padre, Franco Macri, y CEO del Correo Argentino S.A entre 1997 y 2001. Cabe destacar que el Grupo SOCMA (Sociedades Macri) quebró esa empresa que luego fue estatizada por Néstor Kirchner. La lista sigue con la vicepresidenta Gabriela Michetti por un polémico Memorándum con Qatar y por el origen del dinero que fue robado de su casa la noche en que Cambiemos ganó el ballottage presidencial, el ministro de Modernización Andrés Ibarra, implicado en una causa por la supuesta compra directa de máquinas de voto electrónico a Corea del Sur, el ministro de Finanzas Luis Caputo está imputado por la compra de dólares a futuro a través del fondo Axis, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, está acusado de haber favorecido a la empresa Shell, de la que fue CEO, y por una compra de gas a Chile sin licitación pública. No hay que olvidarse de la relación del Jefe de Inteligencia, Gustavo Arribas, con el caso de coimas de la constructora brasilera Odebretch ni del último escándalo que involucra a otra empresa de Macri- Macair Jet- en el ingreso al mercado Low Coast de la aerolínea colombiana Avianca y la aprobación de las rutas aéreas solicitadas por la firma de Macri para que empezara a brindar el servicio de vuelos.

La imputación alcanza también a los empresarios Carlos Cobas, Germán Efromovich, Carlos Benjamín Colunga López y Diego Martín Conlunga López, al titular de la ANAC, Juan Pedro Irigoin y al director nacional de Transporte Aéreo, Hernán Gómez.

Pero a los negocios de los funcionarios de gobierno hay que sumarle los negocios que el gobierno le garantizó a sus aliados. Por ejemplo, el Grupo Clarín (principal multimedio del país) ha dejado clara sus pretensiones. Con la derogación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y la eliminación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Clarín logró que el sistema de medios lo regule el mercado generando meses después  2500 despidos en diferentes medios de comunicación.

Pero Clarin quiere dos negocios concretos, el 4G que le permite controlar el mercado de la telefonía a través de su operadora Nextel, parte de Cablevisión, ambas del Grupo Clarín y la transmisión del fútbol, de acceso gratuito y regulado por el Estado desde 2009. En el primer caso hay que decir que el mercado se divide de manera equitativa entre las tres grandes telefónicas que se reparten el país sin ningún tipo de regulación. Claro, Movistar y Personal le dejan a Nextel un resto del 3% de los usuarios celulares equivalentes a 2 millones de líneas. Este primer objetivo para Clarín está cumplido, el negocio de fútbol aún está en discusión.

La caída de las expectativas de buena parte de la sociedad y la erosión a una credibilidad sostenida en una falsa transparencia preocupan al entorno del presidente. Por eso decide el camino de la confrontación con quienes considera parte del pasado: el peronismo y, especialmente, Cristina.

La sociedad argentina es una olla a presión en búsqueda de representación, esto implica enorme desafío para el peronismo en general y para Cristina en particular. La polarización política no se traduce automáticamente en apoyo a una determinada figura y el desborde de las bases sindicales es un llamado de atención tanto para el sindicalismo como para la política. Sin gobernabilidad y diques de contención el gobierno no puede frenar un malestar que seguirá en aumento. El peronismo tiene la oportunidad de hacer de los dilemas de Macri su propia fortaleza. (I)