Con la notoria ausencia de la oposición, el Senado argentino analizó la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)  tras la dudosa muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, que disparó el debate sobre el oscuro mundo del espionaje en el país austral.  

El primer paso se dio en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la cámara alta.

Allí expusieron el extitular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Saín y miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Pero la oposición se ausentó denunciando una maniobra para aprobar el dictamen con un “tratamiento express”.

“No queremos prestarnos a la farsa del gobierno que quiere tapar la verdad de la muerte del fiscal Nisman con esta ley de Inteligencia”, dijo el titular del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales.

Todo hace prever que la creación de la AFI se discutirá en el Senado el 11 de este mes y luego pasará a la Cámara de Diputados.

El proyecto oficial prevé disolver la actual Secretaría de Inteligencia (SI), que está en el ojo de la tormenta después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunciara un complot en el marco de la muerte del fiscal que investigaba el atentado a la mutual judía AMIA.

Nisman había denunciado a la jefa de Estado de encubrir a los iraníes acusados por el ataque terrorista que en 1994 causó 85 víctimas.  

El fiscal apareció muerto con un balazo en la cabeza en su departamento el 18 de enero pasado y la mandataria señaló al exjefe de Operaciones de la SI, Horacio Antonio ‘Jaime’ Stiusso, como partícipe de esa supuesta conspiración. Stiusso fue exonerado de su cargo a fines de diciembre, en una medida que incluyó el descabezamiento de la primera línea del organismo.

La presidenta quiere reformar los servicios de inteligencia a poco menos de 11 meses de concluir su mandato, una deuda histórica de la democracia argentina. A 32 años del fin de la dictadura (1976-83), los servicios de inteligencia han mantenido casi intactas sus estructuras de poder.

En los oscuros años de la represión fueron una parte vital para el sostén del régimen militar y actuaron como una columna vertebral del diagrama represivo, respondiendo de manera directa al ejército. Sus agentes formaban parte de grupos de tareas que no solo “marcaban” a sospechosos sino que actuaban como secuestradores y custodios de detenidos-desaparecidos. Muchos de estos agentes crearon bandas delictivas que se dedicaban a los secuestros extorsivos tras la conquista de la democracia cuando fueron conocidos con el eufemismo de “mano de obra desocupada”.

El resto de ellos está jubilado o fue retirado en una purga del año 2000, aunque hay excepciones como Stiusso y otros agentes que sobrevivieron en sus puestos.

Pero ningún gobierno se ha animado a meter mano en los oscuros laberintos de ‘La Casa’, como se la conoce internamente, y se han limitado a valerse de sus servicios, muchas veces viciados de ilegalidad y negocios turbios e inundado de denuncias de ‘pinchaduras’ telefónicas ilegales y espionaje de empresarios y políticos por iniciativa propia o por órdenes “de arriba”.

Por lo pronto, el descabezamiento de Stiusso puso punto final a una dura interna con el sector de Fernando González Pocino, jefe de la oficina de Contrainteligencia. Stiusso, un hombre temido y de gran poder, quedó fuera del organismo donde había ingresado en 1972.

Según fuentes de la SI contactadas por EL TELÉGRAFO, el panorama que reina en el organismo es de incertidumbre, en especial para esos agentes que cumplieron 30 o más años de labor y que prestan servicios desde la dictadura. Aunque un importante incremento de haberes fue un bálsamo para la tropa.

En los pasillos de la SI caminan hoy algunas caras nuevas, de no más de 35 años y que han comenzado a interiorizarse de las tareas que se llevan a cabo en ‘La Casa’.

La gran sospecha es que buscan apuntalar sus cañones contra Stiusso. “Pensaban encontrarse a represores y viejos agentes de bigotes, pero se toparon con que la mayoría del personal fue asumido en democracia”, dijeron las fuentes.

Desde la oposición afirman que el objetivo del gobierno es asumir en la nueva estructura a decenas de militantes de la agrupación juvenil kirchnerista ‘La Cámpora’.

El debate recién comienza.

EXPERTO EN DD.HH. INVESTIGA LA CAUSA AMIA

El juez Daniel Rafecas, experto en derechos humanos y en el Holocausto, tomará la causa del supuesto encubrimiento de la presidenta Cristina Kirchner a exgobernantes iraníes por un atentado antijudío en 1994, denuncia elevada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto misteriosamente el 18 de enero.

La decisión fue tomada por la Cámara Federal para saldar la discusión jurídica entre Rafecas y otros dos jueces sobre quién de ellos debía ocuparse del expediente, informó el oficial Centro de Información Judicial (CIJ).

Cuatro días antes de aparecer muerto en su apartamento con un disparo en la cabeza, en oscuras circunstancias, Nisman acusó a la mandataria de proteger a los iraníes.

El expresidente iraní Ali Rafsanjani es uno de los sospechosos del ataque a la mutual judeo-argentina AMIA, con un saldo de 85 muertos y 300 heridos.

Rafecas juzgó a militares de la dictadura (1976-83) por delitos de lesa humanidad, y por sus estudios sobre la Shoá que perpetraron los nazis recibió los premios Derechos Humanos de la Fundación B’nai B’rith, Moisés 2011 de la Sociedad Hebraica Argentina y Gilbert Lewi de la Fundación Museo del Holocausto de Buenos Aires, informó AFP.