A inicios de 2015 el Fondo Monetario Internacional (FMI) determinó que la economía peruana sería la tercera, después de la de Bolivia y Paraguay, con mayor expansión en la región. De acuerdo a este organismo se esperaba un crecimiento de 3,8% en el PBI nacional. Hoy, a puertas de un nuevo año, la evaluación de esa expectativa deja saldos en contra. Durante todo el año la economía peruana experimentó un crecimiento menor a lo esperado, fluctuando entre 2,7% y 3,1%.

Las razones que explican este rezago económico se ubican en los terrenos mercantil y social. Por un lado, la baja continua de los precios de los metales en el mercado representó para Perú una disminución en la dinámica económica interna, restando capacidad de inversión a corto plazo. La situación alcanzó su punto más crítico cuando, entre julio y agosto, el precio del dólar se incrementó, superando la cotización promedio de los últimos 9 años y desequilibrando la balanza de pequeñas y medianas industrias, así como la tasa de interés de los préstamos emitidos en dólares.

El costo social de este panorama se distribuyó de forma conflictiva durante los últimos 12 meses. La tasa de desempleo urbano, por ejemplo, creció a su nivel más alto en los últimos 3 años, ubicándose en un 6,9% en el mes de octubre. Unos 321.700 peruanos iniciarán como desempleados el 2016, cifra alta en un país que tiene una población económicamente activa de 4,9 millones de personas.

Dar respuestas y alternativas para solucionar estos problemas fue una de las acciones que poblaron la agenda del Ejecutivo, presidido por Ollanta Humala, quien sumó, con este, 4 años y medio en el poder. El 25% de aceptación popular con el que inició 2015 se fue erosionando con el paso de los meses hasta alcanzar en septiembre, 13%, su nivel más bajo. El año cerrará con un ligero incremento en el respaldo de un 16% de los habitantes de este país.

La falta de respuestas objetivas e inmediatas a problemas como el desempleo fue apenas una de las causas que llevaron a tal nivel de desgaste al gobierno. Se suma a ella una incesante crítica al manejo económico, señalado por los grupos de poder como errático y desatinado. La muestra más tangible fue la existencia y multiplicación de conflictos mineros, que sumaron 146 en todo el año.

Apurímac y Cusco concentraron 36 de ellos, siendo escenarios de enfrentamiento entre la policía y los comuneros que, con palos y piedras, rechazaron en más de una ocasión el intento por realizar extracción del mineral. La causa principal de las inconformidades es la falta de claridad en los estudios de impacto socioambiental, que, al menos en 110 de estos conflictos sociales ha sido el punto principal de resistencia. El año que termina sirvió para tender puentes de diálogo apenas con los representantes sociales de 75 de estos conflictos.

A esto se suma el alarmante aumento de la delincuencia ante la que el gobierno tampoco tuvo fortuna en las decisiones tomadas para enfrentarla. El 32% de los peruanos se contaron como víctimas de algún hecho delictivo en el primer semestre de 2015. El robo de dinero, la estafa, la violencia para arranchar celulares, carteras y las intimidaciones y amenazas crecieron exponencialmente como las 4 principales causas del índice de violencia con el que convivió el país. Poblaciones como Barranca o El Callao fueron espacios de expansión y diversificación del sicariato, una de las vías materiales en las que el negocio de la extorsión y la venta de droga se manifiestan.

Del otro lado, las instituciones llamadas a complementar la acción de la policía en la administración de justicia vivieron uno de los peores años en cuanto a credibilidad. Apenas el 13% de la población aprueba las acciones del Poder Judicial frente a las sanciones que este determina para castigar los delitos. La desconfianza del 79% de los peruanos se basa en los continuos casos de liberación de delincuentes a pesar de las pruebas en contra, pérdida de expedientes o la mano blanda con la que se imparte justicia.

Nadine en la mira de la justicia

El Congreso fue la  segunda institución que mayor rechazo condensó en 2015. El 77% de la población afirmó no sentirse representada por los congresistas. El Pleno Legislativo, sin embargo, fue el escenario que recibió a más de un político fiscalizado durante estos meses. El caso que más atrajo la atención fue el de la primera dama y presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia.

Desde el inicio del período presidencial de Humala, el tema del financiamiento de campaña ha sido su talón de Aquiles. Este año las críticas sobre el particular alcanzaron momentos agudos, como el protagonizado por Heredia, a quien se le endilgó la autoría de cuatro agendas personales en las que, de acuerdo con las denuncias periodísticas, constarían nombres de aportantes y montos asignados, y entre los que se busca, con especial interés, dineros provenientes de Venezuela.

Heredia, acorralada por la prensa, terminó por asumir su autoría, en el pasado octubre, luego de sostener por casi 4 meses previos la versión de que esas agendas no eran suyas.

La fiscalización ejercida por el Congreso podría terminar en un juicio por lavado de activos contra la Primera Dama, pero deja en el aire un malestar más general, asociado a los altos niveles de desconfianza que experimenta la población peruana frente a sus líderes e instituciones llamadas a mantener el bienestar colectivo.

2016, año electoral

A puertas de un proceso electoral que llevará, en abril de 2016, a los peruanos a las urnas para elegir al sucesor de Ollanta Humala, el 82% de habitantes confiesa no tener ningún tipo de confianza en los partidos políticos ni en sus representantes.

Esa situación da luces sobre la configuración actual del tablero electoral. El regreso del fujimorismo, con Keiko como líder indiscutible, al primer lugar de preferencia electoral no termina de sorprender en un país que parece apostar sus indicadores de movilidad social al emprendimiento empresarial más allá de la vulnerabilidad de derechos de todo tipo. A la saga, candidatos ya conocidos como Kuczynski, Acuña, García y Toledo, marcan el termómetro de una elección que no arroja nuevas alternativas sociales y que representa fielmente a los últimos años de democracia vivida en Perú. La improvisación, la demagogia y el engaño son sus características más resaltantes.

El año termina sin duda con una economía golpeada, con un marco institucional maltrecho, y con el poder Ejecutivo en piloto automático, a la espera de quién se hará cargo de las riendas del poder, desde julio de  2016, por los próximos 5 años. (I)