El gobierno federal mexicano suspendió las labores de búsqueda de los 42 normalistas desaparecidos en las inmediaciones de Iguala. Así lo confirmó el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien además señaló que los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisarán en qué situación están las investigaciones y los protocolos de indagaciones.

El funcionario agregó que quienes trabajan en el terreno de las investigaciones son los peritos y antropólogos forenses argentinos, quienes se han mantenido en reserva, en espera de los resultados de las indagatorias (de algunos restos) que se realizan en un laboratorio de Austria, aunque admitió que hasta el momento no hay avances.

El pasado 22 de noviembre, Vidulfo Rosales, abogado del centro Tlachinollan, informó que se propondría la participación de 10 expertos de la CIDH, entre ellos el argentino Ariel Dubovsky, la guatemalteca Claudia Paz, el chileno Roberto Garretón y el peruano Gino Costa, publicó La Jornada.

Barrera Hernández lamentó que el gobierno federal haya suspendido las labores de búsqueda: Ha sido muy limitada su participación, por eso los mismos papás han visto que todo depende de que haya alguna propuesta o iniciativa (del gobierno), y prácticamente es mero formalismo de cubrir el compromiso ante un planteamiento muy concreto.

Marcharán en días festivos

Por su parte, los padres de los 43 estudiantes, presumiblemente masacrados en México, aseguraron que sus reclamos de justicia no disminuirán durante los días festivos, al anunciar una nueva manifestación en la capital del país para el 26 de diciembre que se cumplirán 3 meses del crimen.

El gobierno “ha pretendido que se enfríe el tema, pero nosotros no estamos con esa idea, al contrario, nuestro ánimo está vigente y seguimos insistiendo en que se haga justicia”, dijo a AFP Melitón Ortega, padre de uno de los estudiantes, al participar en Chiapas (en el sureste) de la conmemoración de una matanza de indígenas ocurrida en 1997 en la comunidad de Acteal.

La fiscalía considera que los 43 jóvenes fueron asesinados e incinerados por narcotraficantes, posiblemente bajo órdenes del alcalde de Iguala, aunque por el momento solo se han identificado los restos de uno de ellos.