Con rostros endurecidos y sin lágrimas, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa marcharon desangelados esta semana, lejos de las multitudes que en 2014 tomaron la calle con coloridas pancartas, sonoras consignas y portando fúnebres banderas de México para protestar por este crimen atroz.

Cuando se cumplen 19 meses de ocurrida la tragedia, los padres de las víctimas apelan al escrutinio internacional y aseguran que solos o acompañados continuarán luchando para averiguar qué pasó con sus hijos.

"La lucha es larga y así estemos poquitos (...) para callarnos tendrán que matarnos", dijo Emiliano Navarrete mientras el martes caminaba por Reforma, la gran avenida del centro de la capital, con una sencilla camiseta gris y portando la foto de su hijo desaparecido.

Importa más la "calidad" que la "cantidad" de las personas que apoyan, dice resignado, sin ocultar el desánimo por la poca asistencia a la marcha.

Los padres viajaron desde Tixtla, un empobrecido municipio de Guerrero (sur), donde se ubica la escuela para maestros de Ayotzinapa, para participar en la manifestación convocada dos días después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH (GIEI) presentara un duro informe final sobre las investigaciones que realizó durante un año.

Este grupo de expertos -cuya misión concluyó tras la negativa del gobierno a autorizar la extensión de su mandato- señaló directamente a las autoridades mexicanas de obstaculizar su búsqueda de nuevas pistas y alegó casos de torturas contra detenidos.

El GIEI puso en tela de juicio la versión oficial que afirma que integrantes del cártel de Guerreros Unidos habrían asesinado e incinerado a los jóvenes en un basurero y arrojado sus cenizas a un río cercano.

La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, los jóvenes fueron brutalmente atacados y detenidos por policías de Iguala, un municipio de Guerrero, y entregados al cártel narcotraficante, según la investigación oficial.

Este estremecedor crimen provocó una profunda crisis en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a finales de 2014 cuando la indignación social estalló en las calles.

Aunque la popularidad de Peña Nieto se desplomó a un 30%, su Partido Revolucionario Institucional (PRI) consiguió guardar su mayoría en la Cámara de Diputados en elecciones en 2015.

Clemente Rodríguez, otro de los padres, cree que la población se ha alejado del movimiento porque se convenció de la versión de la fiscalía.

Los padres de los 43 estudiantes, que confían en los expertos y reclamaban su permanencia en el país, decidieron volver a la calle tras varios meses de bajo perfil, para "darle un impulso" al informe del GIEI, señala Rodríguez mientras avanza con su sombrero ranchero bajo la sombra de un rascacielo.

Sistema 'disfuncional' 

Ahora los solitarios padres apuestan al "escrutinio internacional" y a que funcione el mecanismo de seguimiento especial que aplicará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para continuar investigando el caso, indicó por su parte Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos.

Los expertos "están poniendo en evidencia totalmente nuestro sistema de procuración de justicia, un sistema totalmente disfuncional, que tortura, fabrica evidencias, oculta pruebas", considera Denis González, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la privada Universidad Iberoamericana, que asegura que esto "incomoda" mucho al gobierno.

En medio de la abierta confrontación entre el gobierno y los los expertos del GIEI, reconocidos periodistas y sectores de la población se han polarizado en torno a este caso emblemático sobre la estela de más de 100.000 muertos y desaparecidos que la llamada guerra del narcotráfico en México ha dejado en los últimos 10 años.

"No es extraño que la sociedad haya terminado por agotarse y distanciarse" de lo que los estudiosos llaman 'una guerra psicológica' ante la violencia constante de esta guerra demencial", acotó Denis González.

Están atentos

Las sillas de los representantes del gobierno se quedaron vacías el domingo pasado en el patio central del viejo Claustro de Sor Juana, en el centro de la ciudad, donde el GIEI presentó su informe final ante los padres de los 43 estudiantes y organizaciones de derechos humanos.

El grupo hizo una serie de recomendación al gobierno para que no cese la búsqueda de los jóvenes y atienda a familiares de las víctimas.

"Es muy importante que el caso no se olvide, que la sociedad mexicana esté atenta a la situación de las víctimas", dijo a la AFP el español Carlos Beristaín, uno de los expertos del grupo de la CIDH.

El especialista llamó a los ciudadanos a supervisar el caso y a seguir los mecanismos de rendición de cuentas. "Solamente ese conocimiento público, ese seguimiento del caso ayudará a que los familiares no se sientan solos y luego a que avance la investigación". (I)