Albert, un emigrante salvadoreño, recibió un impacto de bala en el cuello cuando era perseguido por criminales en México, al tiempo que esquivaba los numerosos controles que buscan contener la oleada de centroamericanos indocumentados en su camino a Estados Unidos.

Él y dos de sus familiares fueron sorprendidos por maleantes en su camino a Arriaga, un pueblo del estado de Chiapas, ubicado a unos 230 km del río Suchiate, frontera natural entre México y Guatemala, donde el tren carguero conocido como la ‘Bestia’ inicia la ruta hacia el norte.

Este ferrocarril había sido utilizado desde hace décadas por los indocumentados, pero el Gobierno de México anunció que ya no toleraría esa situación e instaló un reforzado programa de seguridad en más de 1.000 km de su frontera sur, por donde cada año pasan unos 200.000 emigrantes clandestinos, pese a que se saben expuestos a extorsiones, secuestros y asesinatos.

“Apartados de las vías del tren, queríamos esquivar a los agentes de migración, sin saber que íbamos a tener un encuentro con delincuentes”, cuenta este joven de 29 años a la AFP, mientras se recupera de sus heridas en el Albergue del Buen Pastor, en la ciudad de Tapachula.

Pese a los dolores y constantes mareos que le dejó una bala en su cuello, Albert sonríe aliviado. Logró escapar del pandillero que buscaba robarle 70 dólares.

Violentos operativos nocturnos

El Gobierno, que deportó a unos 6.000 centroamericanos en agosto, argumenta que su estrategia busca impedir que los indocumentados pongan su vida en riesgo sobre el techo del tren, donde también suelen ser presa de criminales. Las veloces y filosas ruedas de este ferrocarril han mutilado o matado a numerosas personas.

Así, agentes del Instituto Nacional de Migración, la Policía y el Ejército realizan desde principios de agosto fuertes operativos en Arriaga, muchos de ellos nocturnos.

“La cosa se puso bien fea: migrantes corriendo por todos lados, sobre las vías y en los humildes hoteles, apostados al borde de las líneas ferroviarias”, narró la encargada de uno de estos alojamientos.

Por su parte, El Salvador envió una solicitud a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México para que investigue el operativo del 6 de agosto, cuando 25 niñas, 16 mujeres y 8 hombres de ese país fueron detenidos junto a personas de otras nacionalidades, informó Herbert Guzmán, cónsul general salvadoreño en Chiapas.

“Fueron sacados de manera violenta, tratados como delincuentes, alumbrándoles la cara sin explicarles el motivo de su detención”, negándoles la inmediata asistencia consular, cambiarse de ropa, ir al baño y beber agua, lamentó.

Algunos dijeron haber recibido descargas eléctricas con pistolas inmovilizadoras y otros fueron despojados de su dinero, señaló el cónsul, mientras revisaba papeles y atendía constantes llamadas en la pequeña oficina del consulado en donde trabaja sin descanso.