Será una ganancia fenomenal: 1.000% o más. Tal vez se trate de la inversión más exitosa de la historia de las finanzas internacionales. Pero los suculentos  réditos no serán para la Argentina, sino para los ‘fondos buitre’. Si se concreta la oferta de acuerdo que negocia el presidente Mauricio Macri con los llamados ‘holdouts’, el país austral desembolsará $6.500 millones para cerrar un litigio que se dirimió en los tribunales de Nueva York y puso en jaque al anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El objetivo es cerrar una herida que no para de sangrar en el manejo de la deuda en default desde 2001 y, en especial, tener otra vez acceso directo a los mercados internacionales. En síntesis, para volver a endeudarse.

Después de la negativa de la anterior administración, kirchnerista, de acordar con estos fondos de inversión que compraron bonos en default argentino a precio de papel y lograron un fallo favorable de la justicia neoyorquina, el gobierno de Macri quiere cerrar lo más pronto posible el conflicto. Está apurado: quiere volver también cuanto antes a pedir créditos frescos en los mercados internacionales, cada vez más interesados en prestarle dinero a la Argentina tras el giro hacia la derecha después de 12 años de ‘populismo’, como suelen llamar a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La oferta ya está sobre la mesa: $6.500 millones, con una quita del 25% en lo reclamado por estos ‘holdouts’. O sea, $ 2.500 millones menos que lo que el país debería pagar si continúa el proceso que lleva el juez Thomas Griesa en la corte neoyorquina. Pero no con bonos a largo plazo, sino en efectivo. El plan es tomar deuda para pagarles a los buitres.

“Esta es la primera vez que Argentina hace una oferta formal a los ‘holdouts’. Este acuerdo de reestructuración preliminar ya ha sido aceptado por algunos fondos principales, como Montreux Partners o Dart Management. Esta aceptación se suma al acuerdo alcanzado previamente con los 50.000 bonistas italianos de TFA (Task Force Argentina)”,  aseguró el gobierno en un comunicado.

Los ahorristas italianos -ajenos a los ‘fondos buitre’- aceptaron un acuerdo por $ 1.350 millones. Ahora, el gobierno espera que los ‘buitres’ más duros acepten el trato.

En total, son 4: Aurelius, Blue Angel, Olifant y NML Capital, de Paul Singer, que lleva la voz cantante. Se trata de fondos favorecidos por la sentencia del juez Griesa en 2012 por $ 1.750 millones, pero también los llamados ‘me too’ (‘yo también’), que se sumaron 2 años después a ese fallo y elevaron la cifra total de la deuda a $ 9.000 millones. Las ganancias son fabulosas. De hecho, el fondo NML adquirió sus bonos en 2008 por $ 48,7 millones y el juez Griesa ordenó pagarle $ 800 millones, una ganancia –sin quita estimada- de 1.600%, según calculó en su momento el entonces ministro de Economía kirchnerista Axel Kicillof. Pero Macri deberá primero someter este acuerdo al Congreso. ¿El motivo? Necesita derogar la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano de Reestructuración de Deuda, aprobadas en el anterior gobierno.

Estas leyes impiden ofrecerles a los buitres mejores condiciones que a los bonistas que ingresaron en las reestructuraciones de la deuda en 2005 y 2010.
Para ello el mandatario convocó a sesiones extraordinarias para este jueves al Parlamento, donde está en minoría. Sin embargo, espera recibir el respaldo del peronismo no kirchnerista, con quien viene coqueteando desde su asunción el 10 de diciembre con la promesa de fondos para obra pública en las provincias gobernadas por el partido Justicialista (peronista), paradójicamente lo que antes la otrora oposición devenida en oficialismo denunciaba como una política “de extorsión a través de la chequera oficial”.

De hecho, el bloque kirchnerista de diputados se quebró la semana pasada con la salida de 14 legisladores –de los 95 originales- que crearon su propio grupo argumentando querer ser ‘dialoguistas’ para darle gobernabilidad al ejecutivo. Macri contaría además con el apoyo de la bancada del peronismo Renovador del excandidato presidencial Sergio Massa.

El jefe del bloque de Diputados kirchnerista, Héctor Recalde, advirtió que “lo que podría ser la derogación de las leyes (de Cerrojo y Estado Soberano) encarna un peligro. Tenemos alarma por el 1.000% de ganancia que recibirían los ‘fondos buitre’, que ahora parecen palomitas blancas para algunos”. “Vamos a dar la discusión en el bloque y vamos a sostener los mismos principios de siempre, que son los que nos llevaron a votar la Ley Cerrojo y de Estado Soberano”, sostuvo.

Macri, en tanto, espera la contraoferta de los ‘holdouts’. “El litigio lleva ya casi 15 años desde el default de 2001 y la propuesta argentina es un avance histórico que, si se dan las condiciones (...) le permitirá a Argentina reingresar al mercado internacional financiero para recaudar el capital que tanto necesita”, resumió Daniel Pollack, el mediador entre el gobierno argentino y los ‘fondos buitre’, elegido por el juez Griesa. Por lo pronto, el Gobierno ya obtuvo el respaldo de Washington a través del secretario del Tesoro, Jack Lew, quien elogió los “esfuerzos de buena fe” para llegar a un acuerdo.

Macri quiere cerrar el conflicto con los buitres cuanto antes. Su plan es simple: atraer inversiones internacionales y al mismo tiempo volver a endeudar al país para cerrar las brechas abiertas en el sector externo y en el terreno fiscal este mismo año. Paradójicamente el proyecto se ve facilitado por el bajo nivel de endeudamiento en dólares heredado del kirchnerismo. Bajo esta lógica y en medio de un severo ajuste que incluye miles de despidos en el sector público y una fuerte devaluación, Argentina logrará reingresar al sistema financiero internacional bajo el ala del Fondo Monetario Internacional (FMI). (I)