Las ejecuciones extrajudiciales de civiles por el Ejército, conocidas como "falsos positivos", siguen en Colombia, donde la violencia de los grupos herederos de los paramilitares continúa, informó ayer la ONU, un día después de que las FARC anunciaran el cese al secuestro de civiles y la liberación de todos los policías en su poder.   

La ONU advirtió también que la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras tiene "vacíos". Esas conclusiones salen del informe anual sobre Colombia elaborado por la Oficina de la Alta Representante de la ONU para los Derechos Humanos, que fue presentado ayer en Bogotá.

Todd Howland, nuevo representante del organismo en ese país, dijo  que, si bien se han dado pasos en la protección de los derechos humanos durante los dos últimos años, que coinciden con el gobierno de Juan Manuel Santos, al citar expresamente la Ley de Víctimas, todavía hay un camino por recorrer.

Pidió protección para los beneficiarios de la Ley de Víctimas, acosados por la persecución, las amenazas y los asesinatos de los representantes de los reclamantes de tierras, es decir, campesinos despojados durante el conflicto armado que vive Colombia desde hace casi 50 años. Al advertir de que esa ley tiene "vacíos", apuntó  que "el reto es asegurar la protección de todos los actores involucrados, incluidos los funcionarios del Estado", encargados de las investigaciones.

Según el informe, "el riesgo y vulnerabilidad de los líderes en procesos de restitución de tierras son extremadamente altos, habida cuenta de los intereses criminales de los predios objeto de la restitución".

El mejor ejemplo de la conflictividad que existe en Colombia en torno a la tierra son "los asesinatos cometidos en 2011, sumados a los registrados en 2010, y las amenazas y agresiones", según la ONU, que no dio una cifra cerrada pero se refirió a al menos tres dirigentes campesinos muertos el año pasado, detalla el informe.

EE.UU: un paso importante

El Gobierno de Estados Unidos consideró ayer que el anuncio de la guerrilla colombiana FARC de que renuncia al secuestro y liberará a los últimos diez uniformados que mantiene como rehenes es un paso "importante y necesario", aunque advirtió que no será "creíble" hasta que se ponga en práctica