En zonas hostiles donde se busca acceso a comida y medicamentos para subsistir el sexo es utilizado como moneda de cambio. Así lo confirman las denuncias de explotación sexual a niños y mujeres por parte de los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Un informe reveló que en 2015 se registraron 99 acusaciones de explotación y abuso sexual en 10 misiones de paz. Una de las historias más duras la dio una niña desplazada por el conflicto en la República Centroafricana. La menor de 7 años fue obligada a practicar sexo oral con soldados franceses a cambio de una botella de agua y un paquete de galletas.

De los casos registrados, 69 fueron cometidos por soldados en misiones de paz y 30 por funcionarios en otras áreas. Los miembros provienen de 21 países.

Tras el escándalo, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución que contempla la repatriación de contingentes cuyos integrantes encaren denuncias por abusos sexuales.

Las 16 misiones de la ONU distribuidas alrededor del mundo cuentan con más de 100.000 soldados y policías, aportados por 122 países. Su encargo es mantener la paz en zonas de conflicto o realizar labores de asistencia en países azotados por los desastres naturales. Según varios exfuncionarios, estos abusos iniciaron hace 10 años.

La prevalencia del poder

El politólogo Diego Pérez Enríquez explica que las Naciones Unidas es una estructura en la que se garantiza la prevalencia del poder de los grandes países. “Los cascos azules tienen un mandato particular bajo el que operan y esto les otorga ciertas garantías frente a situaciones de guerra; entre estos puntos constan ciertas inmunidades diplomáticas que garantizan protección a civiles, además de la gestión de conflictos relacionados con la violencia sexual y las violaciones de los derechos de los menores”.

El analista explica que el problema es el abuso de poder de estas entidades. Sin embargo, sin las inmunidades previstas por este convenio no se cubrirían los abusos sexuales. “Me parece difícil de asimilar que los Estados de la ONU -entre ellos Francia que registra un número alto de denuncias- decidan no enjuiciar a sus miembros. Sin embargo, creo que es difícil que suceda una acción significativa”.

El catedrático opina que a los involucrados no los volverán a enviar a otra misión como miembro funcionario de las Naciones Unidas, pero esto no revertirá el daño. “Las dificultades más grandes y delicadas de este proceso van a ser lo que está detrás de el. Es decir, la voluntad que puedan tener los estados originarios para sancionar a los culpables”.

Según medios locales, en el caso concreto de Haití, los cascos azules pagaron por sexo a 225 mujeres que se veían en la necesidad de obtener alimentos o medicamentos. Lo que este informe no precisa es el período en el que ocurrió ni cuántos miembros de la misión -tanto civiles como militares- estarían implicados en estos actos.

Las primeras tropas se desplegaron en este país del Caribe en 2004 para hacer frente a la violencia política y luego a desastres naturales como terremotos y huracanes que asolaron a la nación.

Hace un año se publicó un estudio similar en el que se elevaba a 231 la cifra de afectadas por estas ‘transacciones sexuales’. Este reporte apunta que a cambio de la relación sexual las mujeres recibían ‘zapatos, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, joyas y dinero’.

Nacionalidades involucradas

Soldados o policías de 21 países están involucrados. La mayor cantidad de acusados proviene de la República Democrática del Congo (7), sigue Marruecos y Sudáfrica (4); Camerún, República del Congo, Ruanda y Tanzania, con 3 acusados cada uno, y Benin, Burkina Faso, Burundi, Canadá y Gabón con 2.

Otros 9 países cuentan con un policía o soldado acusado de explotación o abuso sexual, son: Alemania, Ghana, Madagascar, Moldavia, Níger, Nigeria, Senegal, Eslovaquia y Togo. La misión de Francia también es investigada por abusos cometidos en República Centroafricana entre 2013 y 2014 pero aún no hay datos.

La inacción de Naciones Unidas  llegó a la prensa internacional tras las revelaciones de Anders Kompass, que frustrado ante la inacción del organismo filtró un informe confidencial sobre denuncias de abuso y lo entregó a fiscales en Francia.

En una investigación en 2014, un documento elevaba a 480 las alegaciones por explotación sexual y abusos en un período que comprende los años 2008 y 2013. De ese total, un tercio de los casos eran menores de edad.

Junto a Haití y Liberia, las otras dos misiones más afectadas son las que operan en Sudán del Sur y la República Democrática del Congo (en este país hay cascos azules y ellos también envían soldados a otros estados). El documento denuncia, además, que la asistencia a las víctimas es ‘severamente deficiente’ y se pide que se aclaren las reglas.

El general Romeo Dallaire, excomandante de las tropas de la ONU en Ruanda durante el genocidio, dijo el año pasado que sentía repugnancia por las denuncias de abuso de menores en la República Centroafricana. “El caso va totalmente en contra de la razón  por la cual se supone que llegan al terreno tropas en misión de paz”.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Raád Al Hussein, reconoció el año pasado que su organización se demoró en pasar información a fiscales en Francia, lo que no fue justificado ante la comunidad internacional.

El castigo penal de estos casos corresponde a la justicia de los países a los cuales pertenecen los acusados, que hasta ahora lo han hecho con mucha reticencia y lentitud.

El ecuatoriano Diego Pérez Enríquez justifica que a veces una nación no quiere enjuiciar a un miembro de sus tropas ya que esto daría un mensaje erróneo al sistema internacional. “En ese sentido justifica el hecho de no sancionar o si se sanciona no publicar la sentencia. Por ejemplo, en el juicio de los soldados franceses puede que ya exista una sanción y que nos enteremos de ella hasta después de muchos años”.

Aclara que también existe la otra cara de la moneda, como es el caso de los soldados estadounidenses que tras haber violado la ley de la ONU, han regresado a su nación y jamás tuvieron sanción alguna, ni siquiera en el ámbito administrativo.

El informe incluye recomendaciones como la creación de un registro de ADN de todos los cascos azules para poder confrontar este tipo de denuncias.

Code Blue, un organismo que monitorea las denuncias de abuso sexual contra cascos azules y funcionarios de la ONU, denunció en un comunicado: “En el universo alternativo de la burocracia de la ONU, los mismos personajes que tuvieron un papel activo en la debacle de República Centroafricana ahora supervisarán cambios para mejorar la situación. Cuando los zorros están a cargo del gallinero, el gallinero está condenado”.

Pérez Enríquez analiza que una reestructuración de todo el sistema sería lo más idóneo para que tenga credibilidad el proceso. (I)