En las calles de Apodaca, en el estado mexicano de Nuevo León, de día como de noche puede uno cruzarse con hombres armados que circulan en motos y camionetas. Llevan ropas de colores oscuros, el rostro casi siempre tapado, pero no intentan pasar desapercibidos. Aceleran; hacen ruido; se atraviesan y provocan miedo.

Les llaman “polizetas” porque, dicen, son policías y al mismo tiempo integrantes del cártel Los Zetas.

En México, la infiltración del crimen organizado para las autoridades policiales no es algo nuevo, pero ha retornado a la agenda política y mediática después del ataque y secuestro de estudiantes perpetrados en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre.

Inmerso en la primera gran crisis de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una serie de medidas que incluyen una “ley contra la infiltración del crimen organizado en autoridades municipales” y la disolución de todas las policías municipales (repartidas en 1.800 entidades y con más de 170.000 agentes).

Estas serían reemplazadas por 32 fuerzas estatales, empezando por los convulsos estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán (en la parte sur-occidente del país) y Tamaulipas (al noreste).     

Para conocer qué tan efectiva puede ser esa política y qué tan grave es el problema de infiltración, EL TELÉGRAFO presenta la primera parte de la entrevista a José Reveles, experto en materia de seguridad.

El Presidente se ha focalizado en la infiltración de policías municipales, ¿sólo las corporaciones locales están infiltradas?
Están todos los niveles. Lo que ocurre es que es muy fácil desde la federación, desde el centro del país, que es el mando federal, decir que las que están podridas son las policías municipales. Tiene cierta lógica porque son las más pobres, pero hay policías estatales infiltradas, hay federales infiltradas... En este país se han hecho 2 operaciones de limpieza, una con el expresidente Vicente Fox (2000-2006) y otra en 2008 con el expresidente Felipe Calderón, en las cuales han salido acusados y encarcelados hasta un subprocurador, tres directores de la Interpol, comandantes, militares adscritos a la Procuraduría General de la República. En fin, no es algo que yo esté diciendo, lo hizo el gobierno, y están todos libres, no hay casi nadie en la cárcel de la famosa operación limpieza de hace seis años.

¿Y se ha demostrado que hay infiltración a más alto nivel?
Incluso dieron detalles. En 2008 (el cártel de) los Beltrán Leyva entregaban 450 mil dólares mensuales a funcionarios de la PGR. Yo tengo las declaraciones ministeriales de La Barbie (Édgar Valdez Villarreal, narcotraficante detenido en 2010), donde él dice que entregaban otros 150 mil dólares al jefe de seguridad pública del estado de Morelos, que ahora está en la cárcel, Luis Ángel Cabeza de Vaca. Ahí no se salvaron los federales en la primera, los estatales en la segunda y claro, es muy fácil echarle la culpa a los municipales, que son más pobres, es el hilo más delgado.

Y en cuanto a la corrupción de esas policías pobres, las municipales... ¿El caso de Iguala es aislado?
Definitivamente, no. Hay todo un conjunto de regiones del país en donde quien domina es la delincuencia organizada, ni los alcaldes ni las policías municipales, porque tiene más poderío económico la delincuencia que los propios municipios.   
En este país hay 2.461 municipios y casi un millar de ellos tienen un presupuesto sumamente raquítico, de menos de un millón de pesos al año (77 mil dólares) con lo cual tienen que pagar nóminas, policías y otros gastos.
Hay 133 municipios de menos de mil habitantes y 950 de mil a nueve mil habitantes. Son muy pequeños, muy dispersos, están muy pulverizados y dependen de la caridad del gobierno estatal o federal porque no alcanzan a tener presupuesto propio.

¿Cree que esa situación los convierte en terreno fértil para ser infiltrados?

Absolutamente, quien manda es la delincuencia. Con el caso Iguala ya tenemos el mundo al revés porque antes se nos contaba cómo llegaba la delincuencia organizada a amenazar o tratar de comprar corruptamente a un candidato o presidente municipal; mientras ahora ni siquiera eso, ya llega la delincuencia directamente a gobernar mediante la compra de una franquicia partidaria, que en este caso fue el Partido de la Revolución Democrática porque ellos pagaron toda la campaña y otras como la del gobernador Ángel Aguirre.

¿Cómo se observa en lo concreto esta infiltración del crimen organizado en las policías locales, municipales y de tránsito?  

Se ve cuando hay demasiada extorsión; cuando hay detenciones ilegales; cuando en vez de servir a la población sirven exactamente a su patrón que es que es el narco. En ocasiones la delincuencia organizada paga la nómina de los policías. Llega con el presidente municipal y dice aquí está la lista de tus policías y no te preocupes, yo voy a pagar la nómina. Porque como no tienen recursos, estos alcaldes a veces aceptan este tipo de dádiva en especie que es el pago de la nómina de los policías.

¿De qué delitos se acusa a los policías mexicanos coludidos con el crimen?

Sobre todo en tráfico de drogas. Está en prisión un jefe de Seguridad Pública del estado de Morelos, Agustín Montiel, por haber ayudado a transportar cocaína en vehículos oficiales. También estuvo en cárcel el principal perseguidor de secuestradores del país, que era el comandante Alberto Pliego. Estamos hablando de ayuda al narcotráfico; secuestros; extorsión; retenes falsos; cobertura a los delincuentes que consiste en no perseguirlos, avisarles cuando va a haber un operativo en contra de ellos, etcétera etéctera.
Felipe Calderón como presidente dijo que los policías de Tamaulipas se llevaron en vehículos oficiales a mucha gente que después aparecía en las fosas; o sea que ellos ayudaban a trasladarlos, a liquidarlos y hasta a enterrarlos.
Estamos hablando de algo bestial en donde ya no hay un límite, no hay una frontera entre lo que es la autoridad y lo que es la delincuencia

¿Qué opinión tiene sobre el caso de un presunto secuestro de 31 adolescentes en Cocula, Guerrero?

Es una cosa espantosa. En patrullas policiales en el poblado de Cocula, que es donde se supone que habrían quemado a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa según la versión oficial. En ese pueblo, en julio pasado se llevaron a 31 jovencitos estudiantes de secundaria y no aparecen ¡Treinta y uno! Otro secuestro masivo que ni siquiera conocíamos, lo descubrió una periodista francesa que andaba por allá. Ni siquiera se dio a conocer.

¿Conoce antecedentes o casos similares? ¿Estamos ante un patrón de secuestros masivos por policías?

Encontré recientemente un antecedente del caso Tlatlaya (30/06/2014), que es ahora emblemático de represión porque el ejército liquidó a 22 jóvenes que estaban desarmados aunque emitió un boletín diciendo que fue un enfrentamiento. En en ese lugar, Tlatlaya, en agosto de 2008 hubo otra masacre, mataron a 22 y nada más lo publicó Miguel Ángel Granados Chapa en su columna “Plaza pública” con el título “La masacre silenciada”. ¡Hay tantas cosas en este país que a veces ni siquiera llegan a la prensa! Porque no hay cultura de la denuncia; porque la gente está aterrada bajo amenaza; porque es gente muy humilde que no tiene la capacidad de hacerse oír en los medios.

El presidente Peña Nieto anunció cambios para sanear a las policías, ¿cree que pueda lograrlo?

Han habido muchos intentos en el pasado. El problema está en la raíz de un pago muy bajo para los policías; la aceptación de casi cualquier persona, cualquier pariente que quiera incorporarse a las filas de la seguridad sin demasiados controles. Entonces es fácil infiltrar, la delincuencia o compra o mete a su gente ahí. No veo un remedio inmediato.

VIDEO