La audiencia preliminar del caso por la muerte de 17 campesinos y policías en un tiroteo en junio de 2012 en Paraguay continuó ayer en Asunción, mientras un centenar de familiares de las víctimas ocuparon por varias horas las tierras donde ocurrió la matanza que le costó la presidencia a Fernando Lugo.

El fiscal Jalil Rachid concluyó su réplica a los alegatos de la defensa solicitando a la jueza, Yanine Ríos,  el rechazo de los “incidentes procesales” que presentaron los defensores “por ser notoriamente improcedentes”.

Rachid reiteró su pedido de elevar la causa a un juicio oral contra 12 campesinos imputados por la muerte de once labriegos y seis policías el 15 de junio de 2012, durante una operación policial de desalojo en una finca de Curuguaty (nordeste), cuya propiedad está en disputa entre el Estado y la familia del fallecido empresario Blas N. Riquelme.

Según la investigación que Rachid concluyó en diciembre pasado, la Policía fue víctima de una emboscada campesina en Curuguaty. Al término de la audiencia, la jueza Ríos debe determinar si enjuicia a los campesinos por invasión de inmueble ajeno, homicidio doloso y asociación criminal.

Mientras tanto, al menos cien campesinos ingresaron ayer en las tierras de Curuguaty, donde se produjo la matanza, para pedir la libertad de los compañeros que enfrentan un juicio penal por esos sucesos. (EFE)