Gran Bretaña y la Unión Europea (UE) iniciaron ayer en Bruselas la segunda ronda de negociaciones por el Brexit, para avanzar con el complejo acuerdo de ‘divorcio’ británico del bloque comunitario.

El secretario para el Brexit, el conservador David Davis, pidió a ambas partes “ponerse ahora a trabajar”, y dijo que en esta segunda ronda de diálogos se buscará llevar certidumbre a los tres millones de europeos residentes en el Reino Unido, como también a los millones de británicos que residen en distintos países de la UE.

Por su parte, el principal negociador de la UE, Michel Barnier, dijo que además de ese tema central, se debe avanzar en la llamada factura del Brexit -la cantidad que la Unión Europea va a reclamar a Reino Unido para permitirle abandonar el club comunitario-, como también la  cuestión de la frontera entre las dos Irlandas.

Se estima que la factura que deberá pagar Londres para abandonar la UE sería entre 60.000 y 100.000 millones de euros  ($ 68.000 y $ 114.000 millones). “Es hora de comenzar a negociar los temas más sustanciosos”, dijo Barnier al inicio de las negociaciones.

Con respecto a la situación fronteriza entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, Davis y Barnier tienen previsto dar una conferencia de prensa sobre el tema el  jueves.

Al comienzo del mes, la primera ministra británica, Theresa May, ofreció a los tres millones de ciudadanos europeos que viven en Gran Bretaña recibir un “estatus de residentes” tras el Brexit, aunque esa opción fue descartada por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que la calificó de estar “por debajo de las expectativas”.

Según Barnier, aún hay muchas diferencias entre la UE y el Reino Unido sobre este tema.

Por su parte, el canciller británico, Boris Johnson, dijo tras arribar a una reunión del Consejo Europeo en Bruselas que Londres “hizo una oferta justa y seria”. “Espero de todo corazón que la gente vea esta oferta en el espíritu que merece ya que es una gran oferta”, agregó.

Gran Bretaña indicó que priorizará el tema de los derechos mutuos de ciudadanos luego de que su propuesta inicial no recibió buenas críticas en Bruselas.

Para la UE, los temas de derechos de los ciudadanos, la factura por el ‘divorcio’ y la situación fronteriza en Irlanda, deben ser resueltos antes de negociarse futuros acuerdos comerciales entre ambas partes.  

Por su parte, la Confederación de la Industria británica indicó que el 42% de las empresas en el Reino Unido se vio afectada por el Brexit.
La entidad pidió al gobierno que llegue rápidamente a un acuerdo de comercio con la UE.

En tanto, ayer un equipo de académicos británicos concluyó en un informe dado a conocer en Londres que el Gobierno de Gran Bretaña se encamina sin darse cuenta a un futuro pos-Brexit de inseguridad alimenticia y productos comestibles cada vez más caros, ya que aún no tiene idea cómo reemplazar décadas de regulación europea sobre el asunto.

El estudio indicó que tanto los ministros como la población británica “se volvieron complacientes” tras décadas de suministro constante de alimentos y de precios estables para esos productos, gracias a la estabilidad que trajo la UE.  

El reporte de 88 páginas, elaborado por expertos de las universidades de Sussex, City y Cardiff, indicó que hubo una falta casi total de acción por parte del Gobierno británico en temas vinculados a los alimentos y la agricultura, incluidos subsidios para granjeros, el futuro de los trabajadores golondrina en granjas y los estándares para la seguridad alimenticia.

“A solo 20 meses de concretarse el Brexit, esta es una falla seria a una escala que no tiene precedentes”, afirmó Tim Land, profesor de políticas alimenticias de la City University.

Por su parte, el profesor Erik Milstone, de la Universidad de Sussex, y que participó en el estudio, dijo que la falta de acción del gobierno “es desconcertante”.

“Nos sorprende la falla del gobierno para resolver estos temas vinculados a los alimentos y la agricultura”, agregó.

Los investigadores advirtieron que en caso de que Gran Bretaña no establezca nuevos parámetros al respecto, enfrentará escasez de suministros alimenticios y precios erráticos de alimentos.

“Hay también serios riesgos de que declinen los estándares de seguridad alimenticia en caso de que Londres deje de adoptar las regulaciones de la UE, y por el contrario acepte acuerdos de libre comercio con países que tienen estándares más débiles”, continuó el documento.

Luego de 50 años de suministros y precios estables de alimentos, el Reino Unido “podría volver al tipo de volatilidad no registrada desde los años 30, incluso antes”, y calificó la escala del desafío de “sin precedentes para una economía avanzada que no está en guerra”.

Gran Bretaña importa el 80% de las verduras y el 40% de la fruta fresca que consume, y tras una depreciación de la libra esterlina y potenciales tarifas y costos aduaneros, el país se enfrenta a un fuerte aumento de precios de alimentos, de acuerdo al informe.

Esto tendrá graves repercusiones para las personas de menos ingresos en el país, muchas de las cuales ya dependen de “ollas populares” y ayudas estatales para subsistir.

Mary Creagh, parlamentaria laborista que pertenece al “tanque de ideas” Open Britain, dijo que el reporte da cuenta de las preocupantes consecuencias del Brexit duro”.

“Esta opción será mala para las familias y granjeros británicos. El gobierno debe proteger a nuestro sector agrícola e impedir un aumento de precios de alimentos para una población británica que ya siente la inflación”, agregó. (I)