Sospechoso de atacar a un político rival, el alcalde de un poblado indígena de Guatemala murió linchado y quemado por pobladores que optaron por ajusticiarlo con sus propias manos, un caso que evidencia la desconfianza en el frágil sistema de justicia en el país.

Basilio Juracán, alcalde del municipio de Concepción, en el departamento indígena de Sololá (oeste), murió el domingo pasado a manos de una enardecida turba que decidió aplicarle la justicia popular.

"Muchas investigaciones colocan como el eje central de los linchamientos a la ausencia de un Estado, que es incapaz de permitirle a la población acceder a una justicia pronta y cumplida", afirmó a la AFP el especialista en derechos humanos, Jorge Santos.

El cadáver de Juracán quedó tendido en su vivienda, también destruida por la multitud, que reaccionó en venganza por las sospechas de que había ordenado el ataque armado, horas antes, contra el candidato rival a la alcaldía, Lorenzo Sequec, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, socialdemócrata).

En el incidente resultó herido Sequec, mientras que su hija y sobrina adolescentes murieron.

En declaraciones a medios locales, Sequec atribuyó el atentado a Juracán, del partido derechista Libertad Democrática Renovada (Líder), quien había sido reelecto en septiembre pasado para un período de cuatro años.

Sobre el funcionario linchado pesaban varias denuncias de corrupción que Sequec había hecho públicas, por lo cual aseguró que ya había sufrido intimidaciones de Juracán. "Eso no le gustó y amenazó con tomar represalias", señaló Sequec al rotativo Prensa Libre.

Débil justicia estatal

"Los altos niveles de impunidad en el país agotan a la poblaciones y producen un hecho de barbarie como un linchamiento", agregó Santos, director del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (CIIDH).

Los linchamientos se han convertido en una práctica común en Guatemala y se han reportado tanto en las poblaciones indígenas asentadas en el oeste, como en zonas urbanas. Incluso, presuntos delincuentes han sido vapuleados en universidades capitalinas, lo cual explica que el caso de Sololá no provocó conmoción en el país.

Datos del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) detallan que entre 2009 y principios de 2015 unas 1.221 personas fueron víctimas de linchamiento. Según el estudio, unas 236 murieron y 985 resultaron heridas.

"La población ahora lincha de manera recurrente. Sin embargo en pocas ocasiones se toca a una autoridad como ocurrió en este caso", dijo a la AFP Carmen Aída Ibarra, directora de la organización Pro Justicia.

Según la activista, el reciente caso de linchamiento vuelve a demostrar que las poblaciones optan por tomar la justicia en sus manos en rechazo a la autoridad del Estado, que se ha mostrado débil al momento de impartir justicia.

"El brazo de la justicia del Estado no es fuerte y en muchas ocasiones ha defraudado o dejado insatisfecho a un sector. El Estado ha fallado y la población ya tiene poca esperanza en el Estado para resolver sus problemas", aseguró Ibarra.

Disputa de poderes

Para Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), el incidente en Sololá pasa más allá de un caso de "justicia por mano propia" y debe evaluarse como una disputa del poder local.

"El linchamiento es una cuestión de descomposición social, pero la situación de Concepción es una situación de rivalidad político partidaria que llegó al extremo", aseguró a la AFP el dirigente indígena.

Pascual añadió que los acontecimientos del domingo ocurren por un clima de violencia política a la que se le debe prestar atención por la campaña electoral que vive el país, y que termina con el balotaje presidencial del próximo 25 de octubre.

La presidencia de Guatemala es disputada por el comediante derechista Jimmy Morales, postulado por el partido FCN-Nación, y la exprimera dama socialdemócrata Sandra Torres, de la UNE. (I)