Tras casi 3 meses de terminada la intervención al Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc), la investigación por irregularidades en el uso de esos recursos tomó fuerza.

En una semana detuvieron a 5 altos mandos del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) acusados de ilícitos, pero en total están procesadas 205 personas. El presunto caso de corrupción es considerado como el más grande desde que Evo Morales llegó en 2006 a la presidencia de Bolivia.

Todo comenzó en febrero pasado, luego de que la Contraloría General denunciara 153 proyectos inconclusos o inexistentes que causaron un perjuicio al Estado de 71 millones de bolivianos, equivalente a $ 10,2 millones.

Por ello, el Gobierno intervino el citado fondo por 6 meses. En el trabajo de revisión de 1.100 obras financiadas se detectaron 49 proyectos “fantasmas”, destacó el diario La Razón.

Las detenciones iniciaron el pasado 1 de diciembre, luego de que el juez 1º Anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, envió a la cárcel a Julia Ramos, exministra de Desarrollo Rural, afiliada al MAS y acusada de perpetrar irregularidades en 28 proyectos de desarrollo.

La Fiscalía también imputó a Jorge Choque, senador del MAS, por los delitos de contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes, pero pese a la acusación en la audiencia cautelar, el juez determinó la detención domiciliaria para este asambleísta.

El 2 de diciembre, el juez ordenó la privación de libertad del disidente del MAS, Damián Condori, acusado de malversar fondos en dos proyectos que lideró en 2010.

Al siguiente día, el Ministerio Público aprehendió también a personas vinculadas al partido de Gobierno, una senadora y dos dirigentes de organizaciones sociales. La primera detenida fue Felipa Merino, asambleísta del MAS, quien era representante legal de dos proyectos.

Mientras que, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Remy Vera, afín al MAS, fue detenido por tener responsabilidad en el proyecto ‘Implementación de granjas artesanales para la producción de huevos en la comunidad Buiscata’, en la provincia Muñecas de La Paz, que no existe.

La Fiscalía también implicó a la presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Melva Hurtado, afín al MAS, debido a que habría responsabilidad en el mal manejo de recursos destinados a 13 proyectos.

Pero el debate en Bolivia se concentra en el destino del dinero salido de las arcas públicas. Esos recursos estaban destinados a proyectos que no se concluyeron o a obras que jamás fueron empezadas.

Según la Contraloría, el fondo transfirió recursos a más de 250 personas vinculadas a organizaciones como la Confederación de Campesinos, la Federación Bartolina Sisa, la Confederación de Comunidades Interculturales, la Asamblea del Pueblo Guaraní y otras entidades que respaldan a Morales.

Fiscal niega persecución

El fin de semana, el fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, entregó un informe sobre el caso que en ese país es conocido como ‘Fondo Indígena’ y explicó que los procesos están respaldados por una investigación y rechazó cualquier insinuación de persecución política. Anunció que serán citados todos quienes participaron del manejo de los dineros.

“Aquí no hay persecución política, se están persiguiendo los delitos de corrupción, los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Es gente que ha recibido dinero en cuentas particulares y no hay estos proyectos, son inexistentes”, explicó el titular del Ministerio Público.

El ‘Fondo Indígena’ era una partida presupuestaria destinada a financiar proyectos de desarrollo a favor de organizaciones sindicales y campesinas en Bolivia.

Fue liquidado en agosto de este año por el gobierno de Evo Morales después de que estalló el escándalo de corrupción.

El Gobierno boliviano aseguró que no va a proteger a ninguno de sus referentes y líderes que puedan estar involucrados en el caso.

“La justicia tiene que actuar de manera independiente, sin ningún tipo de influencia de nadie. No se olviden que quien denunció el tema fue el Gobierno y pedimos que se convoque a quien se deba hacer”, aseguró el vicepresidente, Álvaro García Linera. (I)