En una zona comercial de Medellín, en medio de tiendas y restaurantes, un pequeño hotel sin pretensiones pegó un aviso en la entrada: “Ya no recibimos nuevos clientes debido al covid-19”. Cada persona que se presente debe mostrar su tarjeta de identidad y firmar un registro con la hora de llegada.

Carlos, nombre protegido,  fue amenazado en varias ocasiones por haber defendido los derechos de su comunidad cuando era el presidente de la junta comunal de su aldea. Huyó del Bajo Cauca, un departamento al norte de Colombia, donde era parte de la red de defensores de los derechos humanos. Las amenazas llegaron cuando denunció la venta ilegal de oro. Hoy se esconde en Medellín.

“Iba con mi esposa y unos hombres me abordaron”, cuenta; “me dijeron que los incomodaba porque estaba organizando a las personas que ellos usaban para la venta de oro. Ese día no me asesinaron, creo porque iba con mi esposa embarazada. Pusieron en frente de mis casa dos sicarios y yo no salí durante dos semanas”.

En la región de Carlos hay disidentes de las FARC, las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que firmaron un acuerdo de paz en 2016. También hay miembros de la guerrilla armada del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los llamados Bacrim, las bandas criminales. Todos estos grupos se enfrentan por el control del territorio, reconocido por sus recursos mineros.

Desde enero, Carlos se aloja en este hotel con su esposa embarazada y sus dos hijos en la misma habitación. Los servicios del Estado le ayudan a esconderse hasta que pueda salir del país.

Como Carlos, desde diciembre de 2019, 25 líderes sociales reciben protección del Estado en la región de Antioquia. Sin embargo, más de 180 están amenazados de muerte.

Es el caso de Julio Rengifo Hortua, quien dirige varias organizaciones de defensa de los derechos humanos en Medellín. A sus 52 años, él ya no siente miedo. Con su mochila y sus gafas, continúa sus acciones. Una de ellas se refiere a los niños utilizados en el tráfico de drogas.

Desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 y hasta mayo de 2019, el Instituto de Estadísticas para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró 837 asesinatos en Colombia: 702 eran líderes sociales y 135 eran excombatientes de la guerrilla FARC.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos evoca “ataques contra la democracia”. El organismo está presente en el país andino como aliado observador del buen desarrollo de los acuerdos de paz firmados en 2016.

Alberto Brunori, su representante en Colombia, explica que “en 2020 la oficina verificó 25 casos de homicidios, 33 casos adicionales se encuentran en proceso de verificación. El total podría ser más importante”. 

María Fernanda Posada Puerta, la secretaría de Derechos Humanos de Medellín, explica que desde 2019 un nuevo protocolo de protección de emergencia fue establecido. “La administración departamental brinda apoyo para reubicar al líder, puede ser un albergue para reubicación temporal”.

La ayuda del departamento está prevista para un máximo de tres meses. Luego la unidad nacional de protección toma el relevo. (I)