Los abogados de tres líderes independentistas catalanes anunciaron este jueves en Londres que apelaron su encarcelamiento al Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU, cuyos dictámenes no son vinculantes.

De este modo se busca "la reafirmación de la ONU de que los gobiernos no pueden reprimir la disidencia política mediante la detención arbitraria", dijo Ben Emmerson, abogado de dos dirigentes de asociaciones independentistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, y de Oriol Junqueras, exvicepresidente del gobierno catalán.

"España debe liberar a esos hombres", añadió Emmerson, un conocido abogado defensor de los derechos humanos, que se incorpora al equipo de defensa de los tres independentistas.

Este abogado británico lideró los esfuerzos para que se investigara el caso del asesinato en Londres, con polonio, del exespía ruso Andrei Litvinenko, representado a su esposa Marina.

"Su detención por España es una afrenta a los derechos humanos, diseñada para evitar que cumplan con su papel de representantes políticos del pueblo catalán", añadió.

Sánchez y Cuixart llevan en la cárcel desde mediados de octubre por una manifestación ante unas dependencias del gobierno catalán que estaban siendo registradas por la policía, y en la que se dañaron vehículos de las fuerzas de seguridad.

Junqueras, por su parte, ingresó en prisión a principios de noviembre tras la proclamación unilateral de independencia del Parlamento catalán, que no llegó a materializarse y en la que la justicia le atribuye un papel clave como vicepresidente regional.

El Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU (WGAD, según sus siglas en inglés) tiene su sede en Ginebra y está formado por un grupo de expertos en derechos humanos independientes.

Fue esta instancia la que dictaminó que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, estaba ilegalmente detenido en la embajada ecuatoriana de Londres.

El gobierno británico y el sueco, los concernidos por la resolución de Assange, expresaron su desacuerdo con la resolución.

Este panel tiene como función "investigar casos de privación de libertad impuestos arbitrariamente o de manera inconsistente con las normas internacionales relevantes", según explica en su página web.

Actúa "basándose en información sometida a su atención en relación a casos de detención arbitraria, transmitiendo llamamientos urgentes y comunicaciones a los gobiernos concernidos para clarificar y atraer su atención sobre estos casos". (I)