La líder de la organización humanitaria argentina Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y su exapoderado fueron procesados este lunes por supuesto desvío de fondos públicos en un plan de construcción de viviendas sociales entre 2005 y 2011, informó una fuente judicial.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva a Bonafini, de 88 años, y a Sergio Schocklender (58), su exhombre de confianza devenido enemigo, por el delito de defraudación a la administración pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).

El magistrado también los embargó por 250.000 pesos (15.820 dólares) cada uno.

En el escrito, el juez dijo haber constatado el desvío de unos 206 millones de pesos (hoy 13 millones de dólares) de fondos públicos, según el Centro de Información Judicial (CIJ), portal del Poder Judicial.

La justicia investiga el presunto delito en la construcción de viviendas sociales del plan Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo por el cual se construyeron decenas de centros médicos, escuelas y viviendas para sectores de bajos recursos en todo el país. El programa quedó paralizado en 2011 por denuncias.

También fueron procesados el exsecretario de Obras Públicas José López --detenido desde junio de 2016 cuando fue hallado in fraganti cuando ocultaba 9 millones de dólares en bolsos en un monasterio-- y el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, así como a Pablo Shocklender, hermano de Sergio.

"Se consideró probado en el expediente que los hermanos Schocklender, en su calidad de apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo (FMPM), tuvieron una activa participación en la gestión y ejecución de las construcciones que se adjudicaran a esa institución", señaló el CIJ.

Y agregó que "desviaron la suma de $ 206.438.454,04, que canalizaron a distintas personas y empresas a través de cheques y transferencias a sus cuentas bancarias".

En cambio fueron retirados de la causa Julio de Vido, exministro de Planificación de Cristina Kirchner y a varios gobernadores de provincias donde se construyeron las viviendas.

La líder humanitaria, que tiene a sus dos hijos y a su nuera desaparecidos, dijo entonces que las Madres habían aportado a la justicia "más de 60 cajas con documentos" que probarían su inocencia.

Ni Bonafini ni las Madres habían sido imputadas por el anterior juez de la causa, ya jubilado, que las consideró "víctimas de la defraudación", pero su reemplazante desde junio de 2016 decidió citarla a indagatoria junto a exfuncionarios de los Kirchner.

Bonafini sufrió en agosto pasado una orden de arresto de un día por su reiterada negativa a comparecer ante el juez.

Con el respaldo de activistas logró eludir un operativo policial en la sede de las Madres, cercana al Congreso, para llevarla por la fuerzas a tribunales.

El escándalo se saldó cuando la líder del organismo humanitario accedió a recibir en su sede al magistrado, pero de todos modos se rehusó a declarar. (I)