Buenos Aires.- El Supremo argentino cerró  la audiencia pública sobre la ley de medios audiovisuales, último paso a su dictamen definitivo sobre la constitucionalidad de la norma, que enfrenta desde hace tres años y medio al gobierno de Cristina Fernández con el grupo multimedia Clarín.

La segunda y última jornada de la audiencia, celebrada el pasado jueves, sirvió para que la Corte escuchara las respuestas de los representantes de ambas partes al cuestionario de más de 50 preguntas planteadas por los miembros del máximo tribunal sobre la ley, aprobada en el Congreso en 2009, aunque suspendida parcialmente por una demanda del Grupo Clarín.

En total fueron 17 cuestiones dirigidas al grupo argentino, el mayor del país, y 36 al Gobierno, que estuvo representado por un grupo de técnicos encabezado por el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella.

Ambas partes defendieron la misma postura hace cerca de cuatro años, cuando Clarín impugnó ante la Justicia dos de los artículos, el 45 y el 48, de la norma.

Para el grupo multimedia, la aplicación completa de la ley afecta a la sustentabilidad económica de las empresas de medios, mientras que el Gobierno defiende que protege la diversidad de contenidos y de los prestadores de servicios.

Damián Cassino, abogado de Clarín, expuso a la Corte Suprema que de declararse constitucional la norma, su cliente “no va a poder atender los pagos de deuda ni hacer inversiones, y tampoco operar en Internet y de televisión por cable”.

“Es falso el argumento del grupo al decir que la aplicación de la ley hace insustentables a las empresas”, contraatacó Sabbatella, quien subrayó que lo que busca Clarín es sostener su situación de privilegio para seguir lesionando el mercado audiovisual y desde esa posición dominante condicionar a los poderes públicos y así el rumbo del país”.

La ley de medios  recibió también el respaldo del relator especial de la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, el guatemalteco Frank William La Rue. “Mantengo mi posición sobre la ley: creo que la Argentina sentó las bases para un proceso de democratización del uso de los medios audiovisuales, especialmente el manejo de las frecuencias por parte del Estado”, dijo La Rue en declaraciones a medios locales en la Universidad de Buenos Aires.

La Cámara Civil y Comercial Federal determinó el pasado abril la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley cuestionados por Clarín, pero el Gobierno apeló el fallo.

Se trata del artículo 45, referido al límite máximo de licencias que puede tener una empresa, y el 48, que legisla sobre los derechos adquiridos de las compañías antes de la aprobación de la norma.

La jefa de los fiscales de Argentina, Alejandra Gils Carbó, dictaminó en julio pasado la constitucionalidad de ambos artículos y pidió a la Corte Suprema que revoque el fallo anterior.

La Corte Suprema tiene ahora la última palabra en la causa, aunque no se ha especificado el plazo en el que deberá emitir su dictamen.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso argentino en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante el último régimen militar.

La ley fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35% del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35% de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite. Los grupos que excedan los máximos previstos por la ley, con Clarín a la cabeza, están obligados a desinvertir.