La mil veces postergada Ley de Medios argentina es una realidad. Después de cuatro años de batallas judiciales y a 30 de la recuperación de la democracia, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner coronó el proyecto más emblemático de su gestión. La Corte Suprema de Justicia avaló la constitucionalidad de cuatro artículos de la norma, aprobada por el Congreso en 2009, que habían sido cuestionados por el monopólico Grupo Clarín, el principal polo opositor a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.

Las consecuencias del fallo son históricas. Se entierra definitivamente una vieja ley aprobada por la dictadura militar (1976-83) y se abre la puerta a una democratización de los medios audiovisuales en un país marcado a fuego por el inconmensurable poder de una prensa que ha manejado los hilos de la república desde las sombras, bajo el escudo del “periodismo independiente”.

En concreto, el Grupo Clarín será obligado a “desinvertir” para terminar con un monopolio que engloba a más de 250 grandes empresas. Deberá adecuar su enorme aparato de comunicación a lo que marca la ley -como ya comenzaron a hacerlo otros grupos- y aun así seguirá manteniendo una gran influencia en el área informativa nacional, pero permitiendo al mismo tiempo el surgimiento de otros polos mediáticos que garanticen una mayor pluralidad.

El fallo, largamente esperado, fue firmado por los siete jueces de la corte, aunque sin unanimidad de criterios. Llegó dos días después de las elecciones legislativas del domingo, en las que el Gobierno retuvo el control del Parlamento y la primera minoría nacional, aunque perdió en los cinco distritos más importantes del país. La resolución se conoce -además- en momentos en que la mandataria guarda reposo absoluto tras su exitosa operación por un hematoma craneal, el 8 de octubre pasado.

“Esta es la madre de todas las batallas. Se me piantó (derramó) un lagrimón”, dijo el vicegobernador kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabatella, opinó: “Ahora, con el camino judicial allanado, tenemos que redoblar esfuerzos y avanzar rápidamente en la aplicación integral de una norma fundamental para el país”.

El fallo tomó por sorpresa al Grupo Clarín. Poco después del mediodía de ayer la Bolsa de Valores de Buenos Aires suspendió la cotización de las acciones del multimedio, cuando caían 5,72%. “Van a ser días difíciles”, admitió una fuente del grupo, que pidió el anonimato, ante la consulta de EL TELÉGRAFO.

El Grupo Clarín había puesto en duda la constitucionalidad de cuatro artículos: el 41, que establece que las licencias son intransferibles; dos apartados del 45, que fija un límite a la cantidad de licencias concentradas; el 48, que descarta el “derecho adquirido” por parte de las empresas con más licencias de las permitidas; y el 161, que otorga un año de plazo para adecuarse a la ley. En concreto, denunciaba que la ley ponía en riesgo la libertad de expresión que estaba garantizada -a su juicio- por su enorme poder mediático.

Pero el fallo de la corte fue lapidario. En sus argumentos consideró -entre otros puntos- que “en la medida en que las ideas y la información constituyen bienes que se difunden a través de los medios de comunicación, si hay concentración (mediática), solo algunas ideas o algunas informaciones llegarán al pueblo, perjudicando seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones”.

“En este contexto constitucional, es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado. No se ha probado que exista una afectación actual de la libertad de expresión. No se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión del Grupo Clarín, en tanto no ha sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad económica”, aseveró la corte.

Además, advirtió que “no resulta admisible que solo una economía de escala, como la que posee actualmente (el monopolio), le garantiza la independencia suficiente como para constituir una voz crítica. Hay numerosos medios pequeños o medianos que ejercen una función crítica y, a la inversa, hay grandes concentraciones mediáticas que son condescendientes con los gobiernos de turno. No hay en la causa una prueba de que exista una violación de la libertad de expresión derivada de la ley”, apuntó el fallo.

A partir de ahora, cada grupo empresario podrá operar como máximo 24 licencias de TV por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de TV abierta. Según el Gobierno, el Grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de TV por cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de TV abierta.

Pero nadie cree hoy en Argentina que el grupo haya tirado la toalla. Tras las últimas audiencias convocadas en agosto por la Corte Suprema para escuchar a ambas partes, el monopolio había anunciado que, en caso de un fallo adverso, recurriría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y más aún, poco después de conocerse el fallo, el presidente del bloque de diputados de la centrista Unión Cívica Radical (UCR), Ricardo Gil Lavedra, dejó en claro que la oposición buscará reformar la ley, de llegar al Gobierno en 2015. “Es posible que tenga que ser corregida en el futuro”, indicó.

La Corte Suprema de Justicia debió intervenir luego de que el 14 de diciembre de 2012, el juez en lo Civil y Comercial Horacio Alfonso consideró constitucional la ley. Pero en segunda instancia la cámara en lo Civil y Comercial revocó el fallo y declaró inconstitucionales partes de los artículos 45 y 48, mientras validó el 41 y 161. La batalla estaba presentada...

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, fue sancionada por el Congreso el 10 de octubre de 2009, pero jamás logró ser aplicada en forma plena debido a argucias legales presentadas por el multimedio.

El Grupo Clarín comenzó a tejer su poder durante la dictadura militar cuando se hizo con Papel Prensa, la única empresa productora de papel de diarios del país, cuyos dueños habían sido detenidos y torturados por el régimen. Ya en democracia, el entonces presidente radical Raúl Alfonsín (1983-89) acusó al grupo de orquestar una campaña contra su gobierno porque se negaba a derogar el artículo 45 de la ley vigente, que le impedía a Clarín una mayor concentración de medios.

La guerra no duró mucho. Alfonsín debió dejar el poder seis meses antes del final de su mandato, en medio de una gravísima crisis social y un escenario de hiperinflación. Lo sucedió el peronista neoliberal Carlos Menem, que contó con todo el respaldo del grupo mediático tras lanzar una desenfrenada política de privatizaciones. La primera empresa privatizada fue el Canal 13 de televisión. Y fue a parar a manos de Clarín.

El multimedio no paró desde entonces de crecer. Se enfrentó duramente con el expresidente de la derecha peronista Eduardo Duhalde (2002-2003), que se negaba a “pesificar” una millonaria deuda del grupo tras una fuerte devaluación que terminó con una década de “convertibilidad menemista” (un peso igual a un dólar). Duhalde trastabillaba en el marco de una difícil crisis socioeconómica que ya había tumbado la presidencia del radical Fernando de la Rúa (1999-2001) y debió pactar con el grupo. Las noticias negativas dieron paso enseguida a los informes positivos.

La relación entre Clarín y el kirchnerismo no siempre fue mala. En un principio el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) permitió al grupo crear un monopolio de TV por cable, consciente de su escaso poder político tras asumir con apenas el 22% de los votos. Pero después de una “luna de miel” de cuatro años, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner se enfrentó con el multimedio.

La guerra empezó por una fuerte pelea del Gobierno con la patronal agropecuaria, apoyada por Clarín, por el alza de las retenciones a las exportaciones de granos, un tema neurálgico para la oligarquía agroganadera nacional. Luego, el conflicto se agudizó con el tratamiento de la Ley de Medios impulsada por el Gobierno. Así, Clarín se convirtió en el principal polo político-mediático de oposición al kirchnerismo.

Hoy, después de cuatro años, la ley es una realidad. “Después de 30 años de democracia saldamos una deuda. Desde la política, la Ley de Medios, una legislación de avanzada!”, tuiteó el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri, uno de los presidenciables del oficialismo de cara a las elecciones de 2015.